La diputada liberacionista Janice Sandí Morales presentó un proyecto de ley para otorgar mayores garantías a las personas que actúan como fiadoras en créditos de consumo.
La propuesta, ingresada a la corriente legislativa bajo el expediente 25.828, reforma la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. El proyecto reconoce a la persona fiadora como sujeto de protección y le otorga derechos de transparencia similares a los de la persona consumidora directa.
Actualmente, las entidades acreedoras notifican los incumplimientos de pago cuando la deuda ya acumula intereses moratorios, gastos de cobro y afectaciones severas en el historial crediticio de quienes respaldan las obligaciones de terceros.
Ante esta situación, la iniciativa obliga a los prestamistas a informar previamente el monto máximo garantizado, los intereses, las comisiones y las implicaciones de un eventual impago.
Asimismo, el propuesta exige comunicar cualquier atraso dentro de los diez días hábiles posteriores al primer incumplimiento del deudor principal.
El documento también limita la vigencia de la fianza al plazo original del crédito e impide ampliar la responsabilidad mediante modificaciones al préstamo sin el consentimiento expreso del fiador.
Además, el proyecto aplica el beneficio de excusión, mecanismo que obliga al acreedor a intentar el cobro primero al deudor principal antes de perseguir los bienes del fiador.
En materia de registros, la iniciativa unifica en cuatro años el plazo máximo de permanencia de la información crediticia negativa tanto en la SUGEF como en los burós de crédito privados.
“La figura del fiador ha sido fundamental para que muchas personas puedan acceder a financiamiento, estudiar, emprender o alquilar una vivienda. Sin embargo, quienes asumen esa responsabilidad también merecen contar con información clara y mecanismos que les permitan actuar a tiempo para proteger su patrimonio”, señaló Janice Sandí Morales, diputada.
La reforma busca equilibrar las responsabilidades entre las partes involucradas y brindar seguridad jurídica a las personas que comprometen su economía por razones de solidaridad, confianza o apoyo familiar.
