El diputado liberacionista Eder Hernández presentó el proyecto de ley expediente N.° 25.805, que establece en 15 años la edad mínima para acceder y crear cuentas en plataformas de redes sociales en Costa Rica.
La iniciativa también plantea sanciones para los proveedores que incumplan las obligaciones establecidas, con multas de entre 10 y 30 salarios base mensuales, según la gravedad, reincidencia, perjuicio causado y alcance del incumplimiento.
El proyecto incorpora medidas para proteger los datos personales de las personas menores de edad. El proveedor únicamente podrá recopilar la información estrictamente necesaria para verificar la edad.
Además, la propuesta crea un impuesto anual para las empresas propietarias de redes sociales que operen en Costa Rica. La tarifa sería de 100 salarios base mensuales y, si el tributo no se paga, la plataforma podría ser. bloqueada.
“Otras iniciativas presentadas le cargan al estado la obligación financiera para la ejecución de la ley, mi proyecto no, al contrario, crea un impuesto a las empresas propietarias de las redes sociales, que generará recursos frescos para que las instituciones encargadas de la supervisión y seguimiento puedan hacerles frente a las obligaciones emanadas en la presente ley”, indicó Hernández.
El legislador justificó la propuesta en la necesidad de reducir la vulnerabilidad de las personas menores de edad en entornos digitales. El texto señala que el uso prolongado de redes sociales se relaciona con síntomas como irritabilidad, falta de sueño, ansiedad, depresión y baja autoestima.
La iniciativa también cita como antecedentes medidas adoptadas en otros países. Australia prohibió en diciembre de 2025 el acceso a redes sociales para menores de 16 años, mientras que el texto menciona legislaciones aprobadas en Indonesia, Dinamarca, Grecia, Brasil, Malasia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.
“Existe una alta responsabilidad de los padres para gestionar y supervisar los dispositivos de los niños, niñas y adolescentes. Pero los gobiernos tienen la responsabilidad de establecer medidas regulatorias para generar espacios seguros y de protección, prioritariamente para las personas de menor edad”. Indicó Hernández.
