El gerente general de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), Mauricio Barrantes Quesada, figura como imputado en la causa penal 23-035050-0042-PE, en la que se indagan presuntas irregularidades en un contrato directo para el monitoreo de privados de libertad mediante tobilleras electrónicas.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), también incluye a la directora jurídica de Racsa, Ileana Rodríguez Quirós, y a los empresarios Igor de Oliveira Roquim, Francisco Inacio Carneiro y André Bermúdez Leandro, representantes del consorcio Racsa-Synergy-SGSV.
El caso surge a partir de una denuncia presentada por el diputado liberacionista Francisco Nicolás, quien cuestiona que el contrato generara beneficios ilegítimos por más de $2,7 millones. Según la acusación, se aplicó un sobreprecio del 60,5% al pasar de un costo de $5,99 diarios por dispositivo a $9,61 en un contrato directo firmado en febrero de 2023 bajo el argumento de una “urgencia” del Ministerio de Justicia y Paz (MJP).
La Fiscalía confirmó que investiga presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, fraude de ley, sobreprecio irregular e influencia contra la Hacienda Pública. El expediente también apunta a que el cambio de tecnología en setiembre de 2024 habría elevado nuevamente el costo por cada dispositivo y generado un segundo sobreprecio.
Por su parte, la representación comercial del consorcio calificó de “acusaciones falsas” los señalamientos y aseguró que todo el proceso se realizó con transparencia y apego a la legislación, resaltando la trayectoria de SGSV como empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones en el país.
El expediente continúa en investigación bajo reserva, conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal.
