Redacción. – La Plataforma Civil de Incidencia Comunitaria para la Respuesta del VIH (Placicvihcr) lanzó una solicitud pública al Poder Ejecutivo y a la Junta de Protección Social (JPS) para que se restablezca de manera urgente el financiamiento dirigido a organizaciones que trabajan en la prevención, atención y defensa de derechos relacionados con el VIH.
Desde enero de 2020, la asignación de recursos provenientes de entre el 1 % y el 1,5 % de las utilidades de la JPS —según lo establece la legislación vigente— no ha sido entregada a las organizaciones que atienden esta temática.
A la fecha, los proyectos presentan atrasos de más de siete meses, lo que ha puesto en riesgo la sostenibilidad de la respuesta nacional al VIH y ha afectado directamente a personas clave y comunidades con alta vulnerabilidad.
De acuerdo con Placicvihcr, esta omisión administrativa ha forzado el cierre de operaciones completas en al menos dos organizaciones.
Además, otras entidades han suspendido servicios esenciales, lo que amenaza con dejar a miles de personas sin acceso a pruebas, información, tratamiento y prevención.
Consecuencias del desfinanciamiento
PLACICVIHCR advirtió que la falta de financiamiento ya ha generado efectos concretos:
Interrupción de actividades de prevención comunitaria y educación sobre VIH.
Despido de personal capacitado y cierre de infraestructura operativa.
Mayor riesgo epidemiológico y retroceso en las metas de diagnóstico, tratamiento y supresión viral.
Exigen acciones concretas
En su comunicado, la plataforma ciudadana plantea seis demandas dirigidas principalmente a la JPS y al Poder Ejecutivo:
Asignación inmediata de la presidencia de la JPS, actualmente vacante, y resolución de los procesos de presupuesto pendientes.
Aprobación urgente de los recursos por parte de la junta directiva.
Cumplimiento del mandato legal de asignar los fondos establecidos por ley.
Agilización de los trámites con transparencia y voluntad política.
Diálogo institucional inmediato con la sociedad civil y las organizaciones afectadas.
Respeto a los compromisos internacionales, especialmente los asumidos ante ONU SIDA y PNUD, que reconocen el derecho humano a la financiación pública para la respuesta al VIH.
¿Qué dice la JPS?
Ante los señalamientos, la Junta de Protección Social emitió una declaración pública en la que asegura estar comprometida con las organizaciones que trabajan con personas con VIH.
No obstante, explicaron que los fondos pendientes fueron incluidos en un presupuesto extraordinario que aún está en trámite de aprobación por parte de la Contraloría General de la República.
Una vez que ese proceso concluya, la institución asegura que podrá realizar los giros sin contratiempos.
“La JPS está sujeta a estrictas normas de control, transparencia y legalidad”, señaló el comunicado, rechazando que la situación responda a una falta de voluntad política o a una acción deliberada. Asimismo, lamentó que se haya intentado politizar un procedimiento administrativo que, aseguran, depende de la normativa vigente y de los entes fiscalizadores.
La Junta manifestó su disposición al diálogo y al trabajo conjunto con las organizaciones sociales, “desde el acompañamiento técnico y la construcción de soluciones que fortalezcan el modelo solidario costarricense”.
