La diputada liberacionista Iztarú Alfaro demandó por injurias y calumnias al alcalde de San José, Diego Miranda, quien en reiteradas ocasiones ha optado por atacar a la legisladora y a su familia al quedarse sin argumentos frente a los cuestionamientos por los errores e irregularidades de su gestión.
Lejos de la imagen de víctima que intenta proyectar ante las cámaras para esquivar el peso de sus propias palabras, la realidad del jerarca capitalino es mucho más terrenal y problemática: deberá responder en los tribunales para frenar lo que la legisladora califica como una campaña de difamación.
En un vídeo tras la notificación judicial, Alfaro dejó claro que, si bien defiende la libertad de expresión, esta “no debe ser utilizada para querer dañar el buen nombre y la imagen de una persona”.
Para la diputada del PLN, los ataques de Miranda no son más que una rabieta y una represalia política. En sus propias palabras, al hoy alcalde “claramente le molestó que tuviera controles políticos fuertes y denuncias públicas hacia su gestión”, dijo, durante la época en que ella fungió como regidora municipal.
Esta pugna legal es solo el capítulo más reciente de un historial turbulento. Los choques entre ambos han estado marcados por señalamientos previos de violencia política, que habría ejercido Miranda hacia la hoy diputada, así como por las constantes denuncias de Alfaro sobre acciones administrativas opacas y poco claras dentro de la alcaldía.
Por su parte, al verse acorralado por la vía legal, Miranda ha optado por el manual clásico de desviar la atención.
El alcalde asegura que se defenderá y calificó el proceso como un intento de intimidación de “gente que tiene mucha platita para utilizar a sus abogados”, intentando revivir mediáticamente procesos judiciales de terceros del año 2010. Sin embargo, el discurso populista choca con pared en los estrados, donde deberá demostrar con pruebas, y no con discursos de barricada, sus acusaciones.
Un alcalde de frentes abiertos
Pero el conflicto judicial no es el único incendio en la gestión de Miranda; el descontento en San José es generalizado.
A sus líos en tribunales se suma un creciente clamor de quejas por parte de patentados de licores, artistas y DJ’s, quienes están en pie de guerra contra la Municipalidad.
¿El detonante? Un cuestionado reglamento impulsado por la alcaldía que pretende cerrar espectáculos y apagar la música en locales y bares capitalinos a partir de las 10:00 p.m.
Esta medida es vista por el sector comercial y del entretenimiento como una estocada arbitraria que castiga la reactivación económica y cultural de la capital.
Entre demandas por no saber frenar la lengua y regulaciones que asfixian a los comerciantes, el panorama es claro: Miranda está enredado en su propia telaraña de berrinches, mientras la capital sigue esperando soluciones reales.
