Redacción . – Distintas organizaciones del Magisterio Nacional presentaron un proyecto de ley para sancionar con cárcel a quienes malversen fondos de pensiones, obras sociales o infraestructura pública.
En concreto, la propuesta plantea una reforma al artículo 356 del Código Penal para establecer penas de prisión de entre 18 y 36 años, inconmutables y sin prescripción, cuando se compruebe el desvío o la malversación de este tipo de recursos.
La iniciativa es impulsada por representantes de la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP).
Las organizaciones señalan que las personas jubiladas del Magisterio Nacional cotizaron de forma obligatoria y sostenida durante décadas, en muchos casos con aportes superiores a los de otros regímenes.
Sin embargo, esos recursos no se consolidaron en un fondo de pensiones, sino que fueron utilizados por el Estado para otros fines.
Ante la inexistencia de dicho fondo, el pago de las pensiones pasó a realizarse posteriormente con cargo al Presupuesto Nacional mediante el Régimen Transitorio de Reparto (RTR), situación que ha dado lugar a recortes, congelamientos y a una narrativa que desconoce el carácter plenamente contributivo de estas pensiones.
Respaldo de 4 candidaturas
Cabe señalar que las candidaturas de Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda), Douglas Caamaño (Costa Rica Primero) y Ariel Robles (Frente Amplio) manifestaron su respaldo a una iniciativa orientada a corregir las afectaciones al RTR y fortalecer la protección de los recursos públicos.
“El país que hoy compite, atrae inversión y se posiciona en indicadores internacionales no se construyó por casualidad. Es el resultado de décadas de trabajo del cuerpo docente y de una apuesta sostenida por la educación pública.
El Magisterio cumplió con su responsabilidad: cotizó, formó capital humano y sostuvo el desarrollo nacional. Proteger los recursos públicos y sancionar con firmeza su desvío es indispensable para recuperar la confianza en el Estado y evitar que estos abusos se repitan”, afirmó Miguel Sobrado, presidente de la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional.
Las organizaciones insistieron en que la iniciativa no responde a una coyuntura electoral, sino a la necesidad de corregir una distorsión histórica y fortalecer la institucionalidad democrática.
A su criterio, sancionar con mayor severidad el desvío de recursos públicos es una condición básica para proteger derechos adquiridos, resguardar la inversión social y preservar la confianza ciudadana en un Estado que ha tenido en la educación y en su cuerpo docente uno de los pilares de su desarrollo económico y social.
