Aarón Chinchilla EP. | El 98% de los funcionarios públicos que se mantienen en la huelga convocada por los gremios sindicales pertenecen al sector de la educación.
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De acuerdo con datos oficiales, de los funcionarios que se mantienen en el movimiento, de 46 instituciones públicas, la mayoría pertenece al Ministerio de Educación Pública (MEP), mientras que en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)-la segunda institución con más participación de huelguistas-, únicamente se mantienen en huelga 300 personas. Ese grupo representa el 0,7% de los empleados de la entidad y en su mayoría corresponde a personal en huelga del Hospital Escalante Pradilla en San Isidro de Pérez Zeledón.
En el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 389 funcionarios siguen en huelga y en Acueductos y Alcantarillados, únicamente 35, luego de que en ambas instituciones se llegara a un acuerdo con las autoridades.
Respecto al sector de la educación, la presidenta del sindicato de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Mélida Cedeño Castro, y el secretario general del gremio, Roblin Apú, hicieron el llamado a mantenerse firmes y “con más fuerza en la huelga indefinida contra el Combo Fiscal”.
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Hasta el momento, 16 movimientos de huelga han recibido la declaratorias de ilegalidad mientras dos recibieron sentencia de legalidad. Las resoluciones de ilegalidad se registraron en el Consejo Nacional de Producción, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Comisión Nacional de Emergencias, Banco Central, Junta de Protección Social, Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), Instituto Mixto de Acción Social (IMAS), Correos de Costa Rica, Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Ministerio de Educación Pública (MEP) y se declararon legales los movimientos en el IAFA y en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), procesos que la Procuraduría General de la República decidió apelar.
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