Un total de 54 docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) expresaron su enfático respaldo a la reciente decisión de la Sala Constitucional sobre la elección de magistraturas suplentes, pues consideran que “representa el ejercicio de la función que la Constitución le encomienda”.
La postura del cuerpo académico fue dada a conocer por medio de un pronunciamiento escrito, en el cual manifestaron profunda preocupación por los acontecimientos recientes relacionados con dicho proceso y las reacciones emitidas por las autoridades del Poder Ejecutivo y una fracción legislativa.
Contexto
En 2025, la Asamblea Legislativa inició el proceso de elección de nueve magistraturas suplentes para la Sala Constitucional. Sin embargo, ninguna de las candidaturas presentadas ha conseguido hasta ahora los 38 votos necesarios pese a múltiples rondas de votación.
La discusión sobre el tema continuó en 2026 y dejó a la Sala Constitucional sin magistraturas suplentes nombradas durante varios meses. El conflicto se incrementó cuando el plenario legislativo devolvió a la Corte Suprema la nómina de candidatos y argumentó que se carecía de consenso político suficiente para la elección. La Sala Constitucional recordó un criterio vigente desde 2013 y ordenó continuar el proceso de elección con la lista de candidaturas existentes, lo cual incrementó las tensiones sin resolver la situación. Ante esto, la Sala IV prorrogó temporalmente la situación de los suplentes anteriores mientras el poder ejecutivo realiza los nombramientos.
Decisión adecuada
Las personas docentes aseguran que la decisión de la Sala Constitucional “preserva las garantías institucionales indispensables para la protección de los derechos fundamentales, la independencia judicial y el ejercicio de las potestades constitucionales de la Asamblea Legislativa dentro de los límites establecidos por la Constitución”.
“La regla de la mayoría y el resultado electoral no agotan el contenido de la democracia constitucional. Exige también que las autoridades públicas se sometan a la Constitución, que existan controles institucionales independientes del poder político, una separación efectiva de poderes públicos fundamentales y que se garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas”, señaló el texto facilitado por los académicos.
La agrupación de docentes firmantes aseguró que la defensa al Estado Constitucional de Derecho constituye un principio esencial de nuestro orden constitucional y advirtieron que “ninguna autoridad se encuentra por encima del Derecho y ninguna puede legítimamente desconocer las competencias constitucionalmente atribuidas a los demás poderes del Estado”.
“Subrayamos que la existencia de un Poder Judicial independiente constituye un presupuesto indispensable de cualquier democracia constitucional. La Sala Constitucional desempeña una función esencial en nuestro Estado Constitucional de Derecho. Su misión es garantizar la supremacía de la Constitución, proteger los derechos fundamentales y preservar las condiciones constitucionales de la República democrática” agrega el texto firmado.
El pronunciamiento señaló, además, un “categórico rechazo al uso irresponsable del concepto de golpe de Estado, por parte de figuras políticas en el Poder Ejecutivo”, pues consideran que emplearlo en este contexto “desvirtúa su significado histórico y jurídico, deteriora la deliberación pública y puede contribuir a erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”. “La experiencia comparada demuestra que las democracias no desaparecen únicamente mediante rupturas abruptas del orden constitucional. Con mucha frecuencia se erosionan gradualmente cuando se debilitan los controles institucionales y se relativiza el cumplimiento del orden jurídico democrático”, enfatiza el personal docente.
Según el abogado Alejandro Guevara, quien forma parte de los profesores firmantes, la publicación de este pronunciamiento responde al deber cívico que tiene la academia de vigilar y respaldar la vigencia de las condiciones de la República democrática y del Estado de Derecho, ante acciones y discursos que dirigen a una erosión democrática.
“Reconocemos acciones en esa dirección en eventos de las recientes semanas, relacionados con la asfixia presupuestaria del Poder Judicial y otros órganos bajo su esfera, o con la negativa a votar magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, entre otros. Es por ello que hemos decidido que resultaba justificado y necesario emitir este pronunciamiento”, aseguró el docente.
Por su parte, la docente Rosaura Chinchilla adujo que es obligación de todo funcionario y funcionaria pública preservar el Derecho de la Constitución, pues así se ha jurado al aceptar los cargos y de allí que las personas docentes que imparten derecho tienen una obligación reforzada en ese sentido.
El uso inadecuado y reiterado de términos como “golpe de Estado” y “dictadura”, leídos en el contexto nacional e internacional, además de pretender una deslegitimación del Poder Judicial, tienen como efectos normalizar en la población su uso, para disminuir resistencias ante políticas autoritarias e impropias del Estado de Derecho” enfatizó la académica.
