El juicio contra el exmagistrado Celso Gamboa, acusado de tráfico de influencias junto al exalcalde josefino Johnny Araya Monge y la exfiscal Berenice Smith Bonilla, sufrió un nuevo retraso debido a recursos de recusación presentados por la defensa del imputado.
Los abogados de Gamboa solicitaron apartar a dos jueces del Tribunal Penal de Hacienda, alegando presunta falta de objetividad por parte de los juzgadores de apellidos Paniagua y García. Según los escritos, ambos habrían estado vinculados a pronunciamientos públicos emitidos en 2018 por una asociación académica y otra profesional, en el contexto de un escándalo que involucró al Poder Judicial y que incluyó señalamientos contra el propio Gamboa, quien perdió su cargo como magistrado ese año.
Aunque los jueces no firmaron directamente los pronunciamientos ni mencionaron a Gamboa por nombre, la defensa argumentó que se aludía indirectamente a su caso y que esto compromete su imparcialidad. Sin embargo, el tribunal desestimó el recurso al considerar que los hechos alegados no constituyen una causa válida de recusación.
Adicionalmente, la defensa alegó que las condiciones de encarcelamiento de Gamboa en el centro penitenciario La Reforma impiden una preparación adecuada del caso. Denunciaron falta de privacidad para las reuniones legales, vigilancia constante, grabación de conversaciones y maltrato físico, incluyendo requisas reiteradas y revisión de documentos personales.
El propio Gamboa, en una intervención ante el tribunal, respaldó estas denuncias, afirmando que nunca ha podido comunicarse en privado con sus defensoras y que sus derechos han sido vulnerados de forma sistemática.
No obstante, informes del centro penal y de la Policía Penitenciaria contradicen estos señalamientos. Según la institución, los locutorios son adecuados, las cámaras se desactivan durante las reuniones legales y no se graban las conversaciones entre privados de libertad y sus abogados.
El tribunal ya había solicitado a la administración penitenciaria que corrigiera cualquier posible irregularidad y reiteró que no hay elementos suficientes que demuestren afectación al derecho de defensa.
Gamboa, Smith y Araya enfrentan un nuevo juicio por presunto tráfico de influencias tras la anulación de una sentencia absolutoria dictada en 2021. La acusación sostiene que los imputados habrían orquestado acciones para eliminar el nombre de Araya de un expediente penal durante la campaña municipal de 2016, en un intento de favorecer su imagen pública.
La Fiscalía asegura que Gamboa, entonces alto funcionario del Ministerio Público, instruyó a un subalterno para contactar a Araya y coordinar con Smith, quien dirigía la Fiscalía de Probidad, la emisión de una certificación que desvinculara al político de cualquier causa penal. Dicha maniobra habría influido en reportes públicos de prensa sobre aspirantes a cargos municipales.
Aunque inicialmente fueron absueltos, el Tribunal de Apelación anuló la sentencia por duda y ordenó un nuevo juicio, que debía iniciar esta semana. Sin embargo, la recusación obligó a suspender temporalmente el proceso, impidiendo la lectura de la acusación formal y el inicio del debate oral y público.
Ahora, el Tribunal Penal de Hacienda con un juez presidente y dos juezas sustitutas retomará el proceso, mientras se mantiene la atención sobre las condiciones del imputado y los reclamos de su defensa.
