Allan Madriz | EP. El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, levará desde este miércoles a juicio, al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y el Estado costarricense, por “actuaciones y omisiones ilegales” de los gobiernos en la regulación y protección del recurso atunero nacional.
Villalta indicó que según un estudio realizado por la Federación Costarricense de Pesca (Fecop) con base en datos oficiales de la Comisión Internacional de Atún Tropical (CIAT), entre 2008 y 2011, Costa Rica percibió por el pago de cánones de licencias de atún un ingreso promedio de $37 por tonelada de atún extraído.
Mientras que en el mercado internacional, cada tonelada de atún que se procesa como producto enlatado tiene un precio de $2.800. Si esa tonelada es vendida como producto fresco puede valer entre $6.000 y $10.000.
“Es obligación del Estado proteger la soberanía de nuestros mares y velar por la explotación sostenible de los recursos naturales en beneficio de las y los habitantes del país”, indicó Villalta.
Las pretensiones del frenteamplista incluyen declarar nulas las normas ilegales o “desactualizadas” en la materia, ordenar a Incopesca cumplir con el artículo 49 de la Ley de Pesca para la fijación de cánones, obligar a las instituciones correspondientes a realizar estudios técnicos periódicos e iniciar los procedimientos sancionatorios correspondientes.
“La falta de normativa eficiente y la incompetencia de los gobiernos ha tenido como resultado el regalo de la riqueza atunera del país a embarcaciones extranjeras”, señaló el diputado.
Villalta además exige a Incopesca y al Poder Ejecutivo que atiendan los criterios técnicos de la CIAT sobre la utilización del metro cúbico como medida de volumen y que reconozca el valor real de los recursos marino pesqueros explotados que forman parte del Patrimonio Nacional.
