Allan Madriz| EP. Un proyecto impulsado por la Junta de Protección Social (JPS) pretende sancionar con penas de multa y cárcel a quienes promuevan, financien, vendan o compren loterías, rifas ilegales o clandestinas.
La iniciativa respaldada por la Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, y un grupo de 38 diputados de siete fracciones legislativas busca aumentar las utilidades de la lotería estatal para, a su vez, incrementar la inversión en programas de bienestar social para personas en vulnerabilidad y pobreza.
“Esperamos que la lucha contra el juego de azar ilegal incida en un incremento en las utilidades que genera la Junta de Protección Social para invertir en más de 400 programas sociales destinados a las personas en vulnerabilidad y pobreza que funcionan en todo el territorio”, explicó Delia Villalobos, Presidenta de la Junta Directiva de la JPS.
Villalobos destacó que entre el 2010 y 2015 la Junta transfirió, en promedio, 25 mil millones de colones a los programas sociales
Por este motivo quedaría prohibido toda práctica ilegal de comercialización, distribución, realización y venta de loterías ilegales, rifas no autorizadas o juegos de azar ilegales en todo el territorio nacional.
Con respecto a las penas, estas irían de cuatro a ocho años de cárcel, mientras que las multas se definirían con base en el salario mínimo y van desde uno hasta diez salarios.
La propuesta también servirá para cerrar portillos al ingreso, generación y uso de capitales de dudosa procedencia que buscan legitimación, corrupción agravada, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
