George Rodríguez EP. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exhortó, este miércoles, a las autoridades militares y policiales de Venezuela, a que cesen el bloqueo que, a la ayuda humanitaria externa, mantiene el régimen del cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Se trata de respetar los principios humanitarios que rigen a las operaciones de ayuda humanitaria, a nivel global, señaló el consejo, en una resolución aprobada por más de la mitad de los países miembros de la organización continental.
El organismo resolvió “instar a las instituciones públicas de Venezuela en especial las fuerzas militares y de policía a que se abstenga de bloquear el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, dando el debido respeto a los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia operativa de la asistencia humanitaria, así como el respeto de los derechos humanos.”.
También reiteró, en el texto de cuatro puntos resolutivos contenidos en algo más de una página, la exhortación general, al régimen madurista, a que permita el ingreso de la asistencia –embodegada principalmente en Colombia y Brasil, en zonas respectivamente fronterizas con Venezuela-.
En ese sentido, el consejo resolvió, en el primero de los cuatro puntos, “reiterar su llamado a que se permita el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela (…) a fin de hace frente a las distintas necesidades de la población, especialmente la más vulnerable”.
Asimismo, planteó la necesidad de apoyo continental e internacional para hacer frente a la dramática situación humanitaria que afecta a la mayoría de los aproximadamente 30 millones de habitantes del caribeño país sudamericano.
Al respecto, planteó “animar a los Estados miembros, a los Observadores Permanentes y a las organizaciones internacionales competentes a continuar apoyando e implementando medidas para atender la crisis humanitaria en Venezuela”.
Igualmente acogió la declaración emitida el 22 de febrero, por el Comité Jurídico Interamericano (CJI) sobre la crisis, con énfasis en el segundo punto del documento, aclarando que la asistencia externa no constituye acto intervencionista alguno.
Ese ítem de la declaración establece que “la necesaria ayuda humanitaria enviada a la República Bolivariana de Venezuela no viola el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y, por lo tanto, cualquiera fuere el Estado de su procedencia, debe ser aceptada y distribuida de forma equitativa entre la población venezolana”.
El Consejo Permanente expresó preocupación por el cierre de las fronteras terrestre occidental y sur –respectivamente con Colombia y con Brasil-, medida madurista que, al impedir el ingreso de camiones cargados con toneladas de ayuda humanitaria –principalmente alimentos no perecederos, medicinas, e implementos médicos-, golpea, principalmente a los sectores poblacionales más vulnerables.
“El cierre de la frontera venezolana con Brasil y con Colombia, por parte de Venezuela, ha impedido efectivamente que la población, especialmente los más vulnerables, obtengan alimentos, medicamentos, tratamiento médico, y oportunidades educativas”, señaló.
La resolución fue aprobada con el voto favorable de 19 países -Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucia-.
Asimismo, cinco países votaron en contra -Antigua y Barbuda, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, Venezuela), ocho se abstuvieron -Barbados, Belice, Bolivia, El Salvador, México, San Kitts y Nevis, Suriname, Trinidad y Tobago-, y dos permanecieron ausentes –Dominica, Grenada-.
El régimen madurista mantiene cerradas, desde el mes pasado, los límites terrestres que Venezuela comparte con Colombia (2,341 kilómetros) y con Brasil (2,137 kilómetros), lo que frustró, el 23 de febrero, el ingreso de camiones cargados con la ayuda embodegada, mayoritariamente, en la oriental ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, así como también en el norteño estado limítrofe brasileño de Roraima.
El régimen madurista impidió el ingreso de la ayuda de emergencia –principalmente aportada por Estados Unidos-, mediante fuerte represión, en ambos sectores fronterizos, con saldo de víctimas fatales y heridos.
Maduro sostiene, para justificar su negativa a que la ayuda ingrese a territorio venezolano, por una parte, que Venezuela no la necesita, y, por otra, que se trata del preludio de una invasión militar estadounidense.
La crisis humanitaria, política, y de seguridad venezolana ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido alrededor de 3.5 millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, lo mismo que a otras naciones del área, incluyendo Ecuador y Perú.
Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, los migrantes denuncian, entre otros factores causantes del constante éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, y la generalizada falta de oportunidades.
