Por Fiorella Carmona
Una veintena de usuarios de la ruta San José – Nicoya prepara una demanda penal contra la empresa Alfaro y el Consejo de Transporte Público (CTP) ante el abandono en que quedaron los heridos y familiares de los muertos en el derrumbe de Cambronero.
Hoy, después de ocho meses las victimas aún están a la expectativa de recibir una respuesta pronta por parte de las autoridades para darle una solución a este asunto.
El abogado de las víctimas, Boris Molina, externó la preocupación del caso porque afirma que tanto el Gobierno de la República, como la empresa de buses Alfaro, no estuvieron dispuestos a conciliar cuando ocurrió el hecho.
“Ya hay una causa abierta en este caso en materia penal contra el chofer del autobús y nosotros estamos avanzando en las acciones contra la empresa y en las acciones contra el Estado”, agregó Molina.
Según Molina, los seguros voluntarios que cubrían a las victimas nunca se activaron, y tampoco pusieron a responder la póliza obligatoria que debía tener el autobús.
“Lo único que se pagó o con lo único que las victimas vieron un beneficio fue con tema del SOA que es algo que de por si es obligatorio y entonces independientemente si lo tenía pago la empresa o no el Estado está obligado a pagarlo en este caso a través del INS”, agregó el abogado.
Desde el 26 de marzo, el Consejo de Transporte Público (CTP) eliminó el permiso para esta empresa ante el evidente incumplimiento de la empresa Alfaro para dar un servicio de calidad a los usuarios. Sin embargo, a hoy esta empresa sigue operando, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de las personas dentro y fuera de sus unidades.
De acuerdo con Molina, las personas que se vieron afectadas en el accidente de Cambronero catalogan los hechos como frustrantes y se sienten abandonados por el Estado.
“El sentir de estas personas yo lo definiría en una sola palabra y es la frustración que tienen todas estas familias, todas estas personas, frustradas, decepcionadas del sistema, de la desprotección de como se esta comportando el Estado en un tema tan significativo”, añadió.
El abogado expresa que hay una desproporción entre el discurso y la realidad de los hechos, y es por esa razón que los afectados reprochan y quieren que se haga justicia, pero al mismo tiempo requieren de necesidades y atenciones especiales que no han recibido a la fecha.
“Nosotros estamos llevando esto desde la vía penal y civil, ambas acciones, en dos direcciones que no son excluyentes en la vía de este caso del Contencioso Administrativo, la empresa tendría que entrar dentro de un proceso del contencioso administrativo al estar involucrado el Estado pero también desde el punto de vista penal para que si se sientas las responsabilidades por lo que nosotros consideramos son delitos de omisión que causaron daños a terceros”, concluyó Molina.
