Según Carlos Báez Sossa, secretario de conflictos de UNDECA, Arias Jiménez aprobó esa declaratoria de amnistía para hacerse efectiva de diciembre de 2010 a diciembre de 2011 y sin ninguna consulta previa.
“Eso significa que la caja ha dejado de percibir millones de colones en un momento en el que se habla de crisis presupuestaria y que se està traslando a la espalda de los usuarios y trabajadores. Se está diciendo que los responsables de esa crisis somos los trabajadores, pero es no es cierto, expresó.
La amnistía se dio en momentos en que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCS) enfrenta una crisis económica con la que disminuyó los presupuestos que restrigen los servicios de salud en diferentes partes del país, afectando a los asegurados.
“Esperamos que la institución estudie la separación temporal de su cargo a esta funcionaria en tanto no se lleve un investigación preliminar sobre este hecho”, agregó Báez.
Por su parte Deivis Ovares Morales, Fiscal General de Undeca, señaló que el pago de no planillas adicionales puede perjudicar los ingresos institucionales en un momento en que la CCSS necesita generar fondos para mejorar el servicio a los usuarios.
“Nos preocupa sobremanera que hayan directrices de amnistías declaradas por esta señora de forma inconsultas que pueden repercutir en los fondos institucionales. Es por eso que estamos planteando esta denuncia formal”, indicó.
“Que con la declaratoria de ambas amnistías, es de magnitudes incalculables el perjuicio de recaudación que se le ocasiona a las finanzas Institucionales, en un momento de una Crisis financiera Institucional declarada por el Gobierno de la Republica y por las Autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, de la cual se le quiere trasladar su mayor responsabilidad a los trabajadores que abnegadamente y cotidianamente, están brindando los mejores servicios en beneficio de los usuarios y la Seguridad Social”, señaló UNDECA en un comunicado.
Undeca solicita a la Contraloría General de la República hacer una intervención inmediata para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades administrativas, civiles, penales y patrimoniales que correspondan, por la declaratoria de ambas amnistías en perjuicio de las finanzas públicas.
