Por Fiorella Carmona
Pese al afán del Poder Judicial en aprobar este proyecto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica (UCR) calificó como no viable la iniciativa de ley 23.090, que busca hacerle una reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
Según el criterio de la UCR la aprobación de este proyecto produciría efectos indeseables en la administración de justicia penal porque se prestaría a interpretaciones sumamente contradictorias que encontrarían fundamento en normas igualmente contradictorias.
“Esto lo que provocaría es un escaso favor a la necesidad sentida de claridad en una materia tan sensible para la atención de los problemas de seguridad pública en el país”, agregó Gustavo Chan, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR,
Este Proyecto de Ley que es impulsado por el Poder Judicial lo que pretende es unificar lo reglado sobre crimen organizado con las normas existentes sobre tramitación compleja de las causas, con el fin de que las causas de crimen organizado incorporen aumento de plazos de tramitación y de impugnación ampliados, a diferencia de la primera normativa en la materia, que solo contemplaba esas duplicaciones para la fase de investigación.
El Proyecto, igualmente, introduce una cuestionable ampliación de “procedimientos de crimen organizado” en sede ordinaria y especializada.
En cuanto a lo anterior, Chan, considera que; “es algo sin sentido”, pues no contempla ningún criterio diferenciado que permita decidir, en cada caso, cuando una causa debería ser tramitada en la sede ordinaria (cualquier tribunal del país), o en la sede especializada, que es en San José, donde están los tribunales especiales de crimen organizado.
“El mayor problema de este Proyecto es la remisión a disposiciones previas, parcialmente reformadas o trastocadas por la sucesión de leyes, con efectos altamente indeseables en materias tan sensibles como prisión preventiva, jurisdicción y competencia, así como para decidir, caso por caso, a quién corresponde, en definitiva, el conocimiento de causas de crimen organizado”, agregó Chan.
En la misma linea, Carolina Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), considera que este polémico proyecto de ley es inconstitucional y que además generaría gastos al Estado.
Hasta el momento Delgado le ha presentado más de 500 mociones al texto de ley y considera que no resuelve en lo absoluto la crisis de inseguridad que atraviesa el país.
“En los términos más simples, se pretende aplicar una ley de 2019 que ya no está vigente. Ese año se derogaron varios artículos de la Ley de Crimen Organizado y hay uno en particular que le permite al juez ampliar los plazos de prisión preventiva, que se hagan escuchas telefónicas. Se ha venido aplicando una ley que no existe. Se quiere hacer un transitorio para que eso se extienda y que no se reconozca la derogatoria del artículo 2”, concluyó.
