Aarón Chinchilla EP. | Luego que los magistrados de la Corte Plena señalaran que el proyecto de Reforma Fiscal afecta el funcionamiento interno y la administración del Poder Judicial, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), reprochó la decisión tomada por los miembros de la Corte y aseguraron que “lo que pase de hoy en adelante con el país, será responsabilidad de ellos”.
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Mediante un comunicado de prensa, el presidente de UCCAEP, Gonzalo Delgado, lamentó el proceder de los magistrados y afirmó que “al parecer pesaron más los privliegios de algunos en el Poder Judicial que los intereses del país”.
“Lamentamos y reprochamos la decisión que tomaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al oponerse al Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. A partir de hoy, toda la responsabilidad de lo que suceda en Costa Rica en torno a la crisis fiscal, será de los señores magistrados, pues este era un momento único e histórico para tomar una decisión por el país y para el país. Todo parece que pesaron mucho más los privilegios que ostentan algunos dentro del Poder Judicial y no la situación económica que enfrentan los costarricenses, quienes son al final los que sentirán las consecuencias.
De igual forma, desde UCCAEP señalaron que la decisión tomada por los magistrados deteriora “la cuestionada credibilidad del Poder Judicial”.
“Atentar contra la estabilidad financiera de Costa Rica, no mina solo la credibilidad del Poder Judicial, bastante cuestionada ya por los recientes hechos en torno a las investigaciones del conocido caso del “Cementazo”, sino que perjudica un tema que el sector productivo ha defendido, la seguridad jurídica, pues los empresarios nacionales o extranjeros, verían con recelo invertir en nuestro país, ante decisiones como las que se tomaron desde la Corte Suprema de Justicia”.
El presidente del sector empresarial concluyó expresando su apoyo al Proyecto de ley 20.580 y afirmó que UCCAEP “se vuelve a poner a la orden del país” y de los legisladores de manera inmediata, pues el retraso en las soluciones “se debe en gran parte a las acciones irresponsables de los sindicatos”.
Con 11 votos a favor, los magistrados de la Corte Plena señalaron la injerencia del proyecto 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas” en asuntos internos del Poder Judicial. Esto provoca que el Plan Fiscal necesite de al menos los votos de dos de las terceras partes de los diputados de la Asamblea Legislativa, es decir, sumar como mínimo 38 votos a favor para ser aprobado; o su defecto se deberán realizar los cambios al texto del expediente 20.580.
La votación del proyecto de reforma fiscal en primer debate en la Asamblea Legislativa, contó con el apoyo de 35 votos y 22 lo votaron en contra.
