George Rodríguez EP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción para Nicaragua de 2018 (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018) –más conocida como Nica Act-, con lo cual la legislación entró en vigencia, según lo informado por la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen.
“Gracias @POTUS por firmar el #NICAAct y convertirlo en ley. Fue un honor estar con @SenTedCruz y @MarioDB siendo testigos de esta ocasión en apoyo al pueblo de #Nicaragua y su anhelo a restaurar valores democráticos”, expresó Ros-Lehtinen, en un mensaje en inglés y en español, en la red social Twitter.
La legisladora -quien dejará el 3 de enero su puesto en la Cámara de Representantes, y será reemplazada por la congresista electa Donna Shalala- se dirigió a Trump usando la sigla por la cual se conoce a quien ocupe la presidencia estadounidense: POTUS (President of the United States).
Ros-Lehtinen también mencionó a sus correligionarios senador Ted Cruz y congresista Mario Díaz-Balart, con quienes impulsó la severa legislación referida a Nicaragua.
En otro tuit, en este caso únicamente en inglés, la legisladora escribió: “Cuando el pueblo #nicaragüense marca 8 meses de violenta represión de #Ortega + secuaces, el presidente ha firmado mi #NICAAct convirtiéndola en ley para pedir cuentas a régimen. La más reciente represión de Ortega es otro intento desesperado por aferrarse a poder + Estados Unidos responderá adecuadamente”.
Ros-Lehtinen aludió así al hecho de que el 18 de diciembre se cumplió el octavo mes desde el inicio la presente crisis sociopolítica que golpea a Nicaragua, con saldo de centenares de víctimas fatales consecuencia de la represión policial y parapolicial antiopositora.
También hizo referencia al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
La Nica Act recibió, el 11 de diciembre aprobación unánime en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y pasó a firma presidencial, para quedar en vigencia, requisito para cumplir el cual Trump contaba con un plazo máximo de 10 días –que vencía el 21 de diciembre-.
La iniciativa fue aprobada, también unánimemente, el 28 de noviembre, por el Senado.
La nueva legislación resultó de la fusión de los proyectos S. 2265 -Ley de Condicionalidad de Inversiones Nicaragüenses (Nicaraguan Investment Conditionality Act), la NICA ACT-, y S. 3233 -Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de 2018 en Nicaragua (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018)-, en calidad de enmienda.
El primero, fue impulsado, principalmente, por Ros-Lehtinen, mientras que la promoción del segundo fue encabezada por el senador republicano Bob Menéndez.
La NICA ACT fue inicialmente aprobada, en octubre de 2017, por la Cámara de Representantes, y, por decisión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que la recibió para pasarla a debate en la cámara alta, fue fusionada con el otro proyecto de ley.
El Senado aceptó la iniciativa del comité, aprobó la nueva versión, y la pasó a la Cámara de representantes, donde recibió votación favorable, lo que determinó su pase a firma presidencial.
Los componentes clave de la nueva ley incluyen respaldo para una solución negociada a la violenta crisis sociopolítica nicaragüense estallada hace más de siete meses, lo que implica el compromiso para adelantar las próximas elecciones -originalmente programadas para 2021-.
También comprenden la aplicación de sanciones selectivas a jerarcas gubernamentales a quienes se señale como responsables, entre otros hechos, de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
Además, apuntan a lograr restricciones en materia de créditos para el gobierno de Ortega por parte de instituciones financieras internacionales, exceptuando financiamiento para proyectos de promoción de la democracia y de índole social, de acuerdo con la información oficial.
La puesta en vigencia de la legislación se enmarca en la violenta crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar, en perjuicio de sus afiliados, el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la creciente protesta generada por ese texto pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones y otras expresiones opositoras ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha pasado de ser masiva -contra actividades públicas antigubernamentales-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-.
