Udhei Leitón | EP. El pasado viernes 5 de octubre del presente año, el Tribunal Contencioso Administrativo levantó la medida cautelar provisionalísima dictada en abril pasado contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Esta medida obligó a la Institución a asumir, por seis meses, el resguardo de las obras en construcción del Proyecto Hidroeléctrico Capulín–San Pablo, propiedad de la empresa Hidro Tárcoles S.A., para evitar su deterioro y otras posibles afectaciones, considerando que la obra posee una declaratoria de interés público.
Ante la acción cautelar solicitada por el Banco Nacional, el Instituto contestó negativamente, el 3 de mayo de 2018. El ICE argumentó que la declaratoria no lo obliga a mantener vigente un contrato que resolvió, en protección del interés público, debido a la existencia de incumplimientos graves del contratista.
Asimismo, el Instituto argumentó que la obra es una construcción privada, que no debe resguardarse con fondos públicos.
En la resolución, el Tribunal reconoce que la propiedad en resguardo no pertenece al Instituto y que “sería improcedente el obligarla de forma cautelar a asumir la obra, con un fin específico; cual es la protección de la garantía otorgada por la empresa Hidro Tárcoles al Banco Nacional de Costa Rica”. Establece que el ICE “incurriría incluso en invasión a propiedad privada atentando desde todo punto de vista en contra del numeral 45 de la Constitución Política”.
También, admite que el ICE no forma parte del crédito entre el Banco y la empresa, por lo que es improcedente “poder llevar todo un proceso contencioso con el fin de obligar a dicha Institución; no solo a seguir con la realización del proyecto y a la conservación del mismo, sino además para asumir la deuda”.
El 15 de enero de 2018, el ICE rescindió el contrato de compra de energía suscrito con la empresa Hidro Tárcoles S.A., por incumplimiento en la fecha garantizada de inicio de operación comercial.
