Allan Madriz | ElPeriodicocr.com
El Tribunal Penal del II Circuito Judicial anuló la medida de fianza otorgada a los empresarios y dueños de las constructoras MECO y Hernán Solís, Carlos Cerdas y Mélida Solís, por el caso conocido como “Cochinilla”.
La resolución de alzada se da después de las audiencia que se llevaron a cabo los días 12, 13, 14 y 15. El objeto central del recurso presentado, únicamente por la Fiscalía, se circunscribe al análisis de la idoneidad de la caución real y otras medidas, como paliativos de los peligros de fuga, continuidad delictivo y obstaculización,
En otras palabras las labores del Tribunal se centraron en analizar si las garantías económicas, la entrega del pasaporte y la obligación de mantener un domicilio fijo, eran suficientes, aptas y convenientes para evitar que las personas acusadas:
- No huyan del proceso (peligro de fuga).
- No destruyan alteren u oculten pruebas (peligro de obstaculización).
- No se propicie la continuación de actividades, presuntamente delictivas, como las que se investigan en el presente caso (peligro de reiteración delictiva).
Para resolver este reclamo, se sopesaron elementos objetivos e incuestionados del sumario, como:
- Condiciones socioeconómicas de las personas investigadas.
- Posibles penas a imponer en casos de que sea demostrada la hipótesis del Ministerio Público (penas en abstracto, previstas por los delitos que se les atribuye a cada investigado).
- Posición ostentada en la estructura y plan criminal.
- Magnitud del daño, desde la perspectiva del posible o presunto beneficio económico que se le atribuye por la Fiscalía a esta organización criminal y su correlativo perjuicio al erario público y a la función administrativa del Estado.
“Arribándose a la conclusión de que tales medidas que sustituyen a la prisión preventiva ya dispuesta, no son adecuadas, es decir no reúnen los criterios de idoneidad requeridos. Así fue como dicha Autoridad declaró con lugar el recurso del Ministerio Público y en consecuencia se decreta la ineficacia de las medidas cautelares alternativa a la prisión preventiva que fuera ordenada en su oportunidad por el Juzgado Penal”, indicó el Ministerio Público a través de un comunicado.
El dueño de MECO, Carlos Cerdas, pagó una fianza de $5 millones y así evitó la prisión preventiva, mientras que la empresaria de Hernán Solís, Mélida Solís, canceló un monto de $3 millones para su fianza.
Ahora los sospechosos de caso de corrupción por contratación de obra pública a través del Conavi y el MOPT, deberán cumplir cuatro meses de prisión preventiva: “La Fiscalía Anticorrupción ordenó al OIJ la detención de los imputados Solís y Cerdas, vinculados al caso Cochinilla. Resolución del Juzgado Penal deja vigente la prisión preventiva contra ambos”.