Allan Madriz | EP. La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) presentó este 7 de octubre una coadyuvancia a la acción de inconstitucionalidad del diputado del PUSC, Pedro Muñoz, contra el acuerdo de la Corte Plena para eximir a los funcionarios del Poder Judicial de las medidas establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Los industriales señalan que dicho acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, viola los artículos 156 y 191 de la Constitución Política, y que la variación en el cálculo de los pluses salariales existentes y la nueva fórmula de cálculo debe aplicarse según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, como lo aplican todas las instituciones públicas.
“El Poder Judicial no se puede salir del canasto y ser otra República Independiente más que no quiere cumplir la ley como debe de ser, como en su momento lo han querido la CCSS, las universidades y las municipalidades”, indicó Enrique Egloff, presidente de los industriales.
Además fue enfático al señalar que nadie está por encima de la ley, por lo que las restricciones al gasto contenidas de reforma fiscal se aplican a todas las instituciones públicas.
“Estaremos vigilantes que todas las instituciones públicas cumplan con las leyes y no traten de escudarse en supuestas autonomías para mantener sus privilegios salariales”, agregó Egloff.
La CICR pretende que la Ley de Fortalecimiento Fiscal sea acatada por todas las instituciones públicas incluyendo el Poder Judicial, pues ninguna institución está exenta de cumplirla.
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