Aarón Chinchilla EP. | Distintos gremios sindicales le demandaron a la Altas Comisionada de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet que el criterio emitido por tres relatores independientes sobre el expediente N° 21049 (Para brindar seguridad jurídica sobre la Huelga y sus procedimientos) sea vinculante y además, que el Estado costarricense deba detener el trámite del proyecto “de huelgas”.
Leer Más: ONU se desliga de informe de relatores sobre proyecto de huelgas
Según trascendió, los representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS), Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE) y el Sindicato de Ingenieros Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad (SIICE) le presentaron a Bachelet una denuncia formal sobre “las violaciones los Derechos Humanos, libertad sindical y el derecho a huelga en Costa Rica” que se tramitan bajo el expediente 21.049, impulsado por Carlos Ricardo Benavides.
En el mismo encuentro, los sindicatos le demandaron a la Alta Comisionada que el criterio de los relatores sea “ratificado y vinculante“, además que el Gobierno de Costa Rica detenga la aprobación del proyecto de Ley No. 21049, Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, conocida popularmente como “Ley sobre huelgas”.
Otros planteamientos sindicales fueron que se instale una comisión nacional para analizar lo acontecido con el 21.049 y en virtud de la opinión consultiva OC23-17, se aplique igual para Costa Rica la responsabilidad de aportar recursos para que los afectados por violación a Derechos Humanos sindicales puedan defenderse. Asimismo, pidieron que se estimule y promueve, con urgencia, jornadas de capacitación con relación a las obligaciones-país producto de su adhesión-ratificación de los diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, así como con relación al conocimiento y manejo de las instancias y de los procedimientos paras su protección
“Durante la reunión se enfatizó en la necesidad de que intermediando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le quede bien determinado al país, a sus autoridades políticas y administrativas de todos los ámbitos institucionales, así como a toda la sociedad civil, a toda la prensa y al pueblo en general, de que las personas trabajadoras sindicalistas somos defensores y defensoras de los Derechos Humanos; así como que éstos contemplan, contienen, avalan y protegen la Libertad Sindical y el Derecho de Huelga”, manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas.
La última petitoria a Bachelet fue que se analice el caso de la detención ilegal y encarcelamiento, igualmente ilegal, de un trabajador (Carlos Andrés Pérez, quien fue el presunto responsable de hacer daños al oleducto), quien, según los sindicatos “sufrió prisión durante 3 meses causándole grave daño en distintos órdenes”, y es un “cruel episodio y un precedente nefasto de la criminalización de la protesta social en el marco de un proceso de deterioro paulatino de las libertades democráticas y, específicamente, las de orden sindical”.
