Allan Madriz | EP. Las sesiones de la comisión especial conformada para investigar actuaciones de Catalina Crespo en la Defensoría de los Habitantes, serán de índole privadas y secretas.
Así se confirmó este lunes, día en que iniciaba la investigación de la comisión legislativa. La presidenta de dicho órgano legislativo, la diputada María Inés Solís (PUSC), confirmó la decisión definitiva.
“Se ha definido que la comisión investigadora de la Defensoría de los Habitantes es de índole privado, esto apegándonos a la Ley General de Administración Pública y al servicio de Criterios Técnicos, que fue emitido para la creación de esta comisión”, afirmó Solís.
La socialcristiana asegura que los diputados que integran esta comisión tienen una “responsabilidad constitucional” de resguardar los datos sensibles que podrían afectar a a persona investigada, en este caso, a Catalina Crespo. Asimismo, señaló que de no realizarse de manera secreta, esto traería un vicio de nulidad.
“Es importante aclarar, que la comisión designada por el presidente de la Asamblea Legislativa, es de distinta naturaleza de las comisiones especiales de investigación, pues conoce una supervisión jurídica, con base en la determinación legal de un proceso sancionatorio-disciplinario; en razón de ser la Defensoría de los Habitantes un órgano adscrito de la Asamblea Legislativa, cuyo nombramiento y cese de cargo es competencia de ésta.
Lo que le corresponde a esta comisión designada por el Presidente de la Asamblea Legislativa, es investigar y analizar la denuncia, garantizar el debido proceso y emitir un informe. Amén de lo anterior, se advierte que esta comisión debe respetar todas las garantías del debido proceso; toda vez que inicia un proceso sancionatorio-disciplinario, por lo que la audiencia es de naturaleza privada”, señala Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
La comisión tendrá un plazo de 15 días hábiles para emitir un informe sobre las actuaciones de la Defensora de los Habitantes.
Posteriormente, el Plenario Legislativo determinará, a partir de ese informe, si la Defensora incurrió o no en alguna negligencia notoria o en una violación al ordenamiento jurídico que justifiquen su destitución.
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