Elvis Martínez. En el 2011 un total de 64 familias de escasos recursos de Cariari de Pococí, Limón, se beneficiaron del bono de vivienda social, otorgado por el Estado. El mismo primer vicepresidente de la República, Alfio Piva Mesén y la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos Gómez, inauguraron el proyecto residencial Los Rosales y entregaron las casas a las familias. Sin embargo, tres meses después las viviendas quedaron inhabitables, ya que la empresa que las construyó utilizó materiales de segunda, afirman las familias afectadas.
Andrés Ureña. Adonay Enríquez Guevara, diputado del partido Movimiento Libertario, fue visto el pasado fin de semana en compañía del grupo que presuntamente entró a ocupar ilegalmente una finca dentro del territorio indígena de Térraba, en Buenos Aires de Puntarenas.
De todo el Litoral Atlántico, desde la Barra del Colorado hasta la desembocadura del Rio Sixaola, ¿Por qué el poblado de Manzanillo se encuentra en el ojo del "huracán" de desalojos y demoliciones?, esa es la pregunta que se hacen cientos de pobladores del Caribe Sur.
¿Quiénes escogieron de Manzanillo hasta Cahuita, para hacer imperar las Leyes de protección al medio ambiente y ZMT? ¿Por qué no comenzaron con la Barra del Colorado, Tortuguero, Parisma, Moin, Westfalia o Bananito? Les hubiera quedado mucho más cercano a la metrópolis.
Elvis Martínez. El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) está moviendo fichas legales para declarar inconstitucional la "Ley Indígena", creada para salvaguardar los territorios orinarios de las 24 comunidades indígenas del país. Expertos legales critican la acción del IDA y señalan que esa institución debería limitarse a cumplir la ley y no ha realizar funciones que competen a la Procuraduría General de la República.
Mayra Umaña, vecina de El Cairo de Siquirres, tiene más de cinco años de consumir agua de una cisterna, ya que el acueducto está contaminado con más de 27 agroquímicos, entre ellos el temido Dioron, el Bromacil y el Triadimefón, mismos que se usan en las plantaciones de piña. En los terrenos de esas comunidades se asientan las empresas piñeras Ticoverde y Hacienda Ojo de Agua, a las cuales los vecinos señalan como las responsables de contaminar las fuentes de agua.