Alonso Mejía. La Sala Constitucional, por unanimidad, resolvió con lugar un recurso de amparo presentado contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía debido a que estas autoridades no han reglamentado la Ley 8904, denominada Ley para declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto.
Los magistrados ordenaron al Poder Ejecutivo, integrado por el Presidente de la República, la Ministra de Salud y el Ministro de Ambiente y Energía, para que en dos meses se reglamente y elaboren los protocolos sobre el almacenamiento, transporte, uso y manipulación de los materiales metálicos, conforme lo estableció el Transitorio VII de la Ley, publicado en la Gaceta número 29 del 10 de febrero de 2011.
La sentencia fue la número 2015-3557, del 13 de marzo. Las autoridades del gobierno, por su parte, justificaron su retraso en el hecho de haberse interrumpido en administraciones pasadas, las funciones de protección al ambiente humano.
“Sin embargo esto no justifica el incumplimiento de reglamentar dentro del plazo establecido en la ley. Al omitir este deber, el Ejecutivo vulnera la Constitución y el derecho que se reconozca en la norma jurídica”, afirma un comunicado oficial del Poder Judicial.
Un caso sonado que estuvo en el tapete de la opinión pública y que llevó a jornadas de protestas de grupos ambientalistas, fue la concesión minera Crucitas en San Carlos, a una empresa canadiense, durante el segundo gobierno de expresidente Oscar Arias (2006-2010).
Por el caso, a Fiscalía costarricense pidió en diciembre del año pasado a un tribunal que condenara a 12 años de prisión al exministro de Ambiente y Energía Roberto Dobles, por el delito de prevaricato, al firmar resoluciones ilegales “para favorecer los procedimientos administrativos del proyecto minero Crucitas, en favor de la empresa Industrias Infinito”, filial de la canadiense Infinito Gold.
La Fiscalía también pidió una inhabilitación por 12 años en el ejercicio de cargos públicos para Dobles, quien fue ministro en el Gobierno de Arias.
La Sala estuvo integrada por el magistrado Armijo Sancho, quien presidió, y los magistrados Jinesta Lobo, Cruz Castro, Castillo Víquez como ponente, Rueda Leal, Hernández López y Salazar Alvarado.
