Retraso de jueza frena resolución del CTP para cambiar empresa de buses de Heredia

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Mientras se acumulan las quejas por riesgo que corren presentadas ante Consejo de Transporte, Aresep y Juzgado Contencioso, la jueza Yetty Hernández Orias, del Juzgado Contencioso Administrativo, tiene en vilo y sufriendo a miles de usuarios.

Cada día, cerca de 250 mil ususarios deben de viajar en autobús entre Heredia y San José, en buses que no garantizan sus seguros al día, que muchas veces son detenidos por las autoridades por no cumplir con los requisitos de ley o que están fuera de flota, y todo porque la jueza pues tiene atascada, desde el 20 de mayo, la posibilidad de que la situación sea diferente para los pasajeros.

Así consta en varias denuncias y quejas presentadas por representantes de los usuarios ante entidades como el Consejo de Transporte Público (CTP), Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el mismo Juzgado Contencioso y de las cuales tiene copia ELPERIODICOCR.COM.

Unidades con su vida útil vencida, con evidentes signos de deterioro, que se varan con frecuencia en el trayecto, graves incumplimientos de los horarios estipulados para el servicio y falta de los seguros que protejan a los pasajeros en caso de accidente, son los principales problemas que se describen en las quejas que los usuarios hicieron llegar a esta Redacción.

A eso se le suma un conflictivo historial de broncas entre los miembros de la junta directiva de la empresa que actualmente brinda el servicio de la ruta 400BS, que incluso terminaron en condenatorias judiciales, amenazas e incursiones armadas en los patios donde estaban los buses, en la vía de acceso a Heredia.

Desde este 16 de abril, el CTP decidió cancelar el permiso de operación en precario que amparaba a esa firma, Busetas Heredianas, para brindar el servicio y adjudicar temporalmente la ruta a una nueva empresa.

Esto luego que desde el 2018, la Aresep les quitó la concesión tras comprobar denuncias por malos tratos demostrados contra adultos mayores. No obstante el CTP aletargó su decisión y permitió que esa empresa explotara cinco años más la ruta que, en promedio, mueve a unas 250 mil personas por mes.

Según una detallada denuncia firmada por el usuario Carlos Retana, luego de esos cinco años, el CTP accedió finalmente a declarar la caducidad del permiso y entregarle la ruta a una nueva empresa, la cual, según publicaciones en medios locales, ya está a la espera y con las unidades listas para ofrecer el servicio.

Sin embargo, según expone la queja, los representantes de Busetas Heredianas interpusieron una medida cautelar contra el CTP y el Estado ante el Juzgado Contencioso Administrativo desde el 20 de mayo, que fue acogida y pasada a manos de la jueza Hernández.

Ahí basa Retana la denuncia, que incluso entregó a la jueza, pues desde entonces ya han pasado más de dos meses, el caso sigue sin resolverse y los usuarios han visto empeorar el servicio cada día.

Por medio de la oficina de Prensa del Poder Judicial, el juzgado Contencioso señaló que el expediente del caso se encuentra en trámite “a la espera de cumplimientos de varias gestiones” dentro del proceso, por lo cual no pueden señalar una fecha para resolver.
En su alegato ante el juzgado Contenciosos, los representantes de Busetas Heredianas consideran que “el obligarles a dejar fuera de circulación 21 unidades de la flotilla de buses los deja en indefensión absoluta” y para ellos la decisión del CTP –presidido por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador– les significaría “un cierre técnico, que implicaría dejar de generar los recursos para asumir sus obligaciones dinerarias”.

Afecta a los heredianos

“La problemática existente en la prestación de este servicio público afecta groseramente a toda la población herediana que se moviliza en esa ruta diariamente”, dice el escrito que Retana presentó ante el juzgado Contencioso.

Afirma que “la empresa en cuestión, en perjuicio directo de todos los ciudadanos que utilizamos este servicio, viene operando, con autobuses modelo 2007, que tienen más de 15 años de fabricación, sin revisión técnica, ni pólizas de seguro vigente con cobertura A y C, de responsabilidad civil, lo que evidentemente resulta un potencial atentado para todos los usuarios en caso de accidente, siniestro o conflagración y lógicamente, una transgresión a las leyes 7600 artículo 46 bis y ley 3503 art 19”.

Además, le señala directamente a la jueza que los autobuses “placa HB2423 y HB2424 fueron sancionados con el retiro de las placas, precisamente por incumplir con las normas jurídicas invocadas y estar circulando sin permiso u autorización alguna de parte del Consejo de Transporte Público que desde el 1º de enero del 2023 procedió a desautorizar dichas unidades y a desinscribirlas de la ruta 400BS”.

Mediante otra denuncia enviada por escrito al ministro Amador, el usuario Mauricio Sáenz le presenta pruebas de siete placas de unidades de Busetas Heredianas que circulaban y son modelo 2007, lo cual significa que tienen su vida útil vencida y debieron de ser sacadas de circulación.

“Señor ministro, dónde están las autoridades del Tránsito que toleran esta conducta arbitraria y prepotente de la empresa. En la retina de los ciudadanos está el caso de Cambronero, la prudencia indica que se debe actuar de manera firme y célere”, expresa Sáenz en su escrito. Él también le planteó la situación al Intendente de Transportes, Edward Araya, a quien le solicita intervenir.

El ciudadano explica que en caso de accidente o un siniestro que ocurra con esos autobuses, los usuarios estarían desprotegidos ya que ninguna empresa aseguradora podría extender una póliza a un autobús que carezca de revisión técnica y mucho menos que no cuente con permiso por parte del CTP.

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