Aarón Chinchilla EP. | En el marco de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, la Fracción de Restauración Nacional (PRN) le exigió al Gobierno reforzar los controles migratorios en la frontera norte de Peñas Blancas.
Según trascendió, la bancada legislativa le demandó al Ejecutivo concretar “acciones más claras y contundentes” para atender la crisis migratoria producto del conflicto en Nicaragua.
“Nos está explotando una bomba en la cara y el gobierno parece no darse cuenta. Lo que ocurre con la ola de inmigrantes es peor que la situación fiscal y no se arregla con tomarse selfies aquí en Guanacaste”, advirtió el jefe de Fracción, Carlos Avendaño.
Parte de las propuestas que plantea la fracción legislativa son reforzar los controles migratorios, “especialmente en pasos fronterizos por los que se da la llegada de miles de nicaragüenses en forma ilegal”. De igual forma, exigen que el Ejecutivo debe “pedir a gobiernos amigos que envíen asistencia médica, suministros y otro tipo de requerimientos, pues conforme pasen los días los albergues no darán a basto para atender a tanto nicaragüense”.
“Aunque Costa Rica desea recibir a estos miles de inmigrantes que huyen de la dictadura de Ortega, no existen las condiciones propicias para hacerlo (…) La crisis migratoria está ante nuestros ojos, si no hacemos algo fuerte, tendremos consecuencias similares o peores a la de la crisis de los años 80”, advirtió Avendaño.
Después de cumplidos tres meses desde el estallido de la violenta crisis sociopolítica nicaragüense, han fallecido por lo menos 350 personas y se contabilizan más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos.
La situación se originó, el 18 de abril, en el decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El retiro del decreto, días después, determinó que la masiva protesta popular se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos. La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión policial y parapolicial antiopositora.