Elvis Martínez | EP. El gobierno del Régimen Ortega Murillo canceló la cédula jurídica a la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua, mejor conocida como Fundación del Rìo., organización no gubernamental que trabaja en la zona del Río San Juan.
Desde su creación en 1990 la Fundación del Río se ha dedicado a la protección de los recursos naturales, la conservación de la Reserva Biológica Indio Maíz y al desarrollo sostenible de las familias del sureste de Nicaragua.
La cancelación de la personería jurídica fue comunicada a la organización este 13 de diciembre y se suma a la lista de cuatro organizaciones civiles más que pierden su estatus legal a manos del régimen por denunciar los abusos cometidos en Nicaragua.
“Rechazamos todas las sacnciones emitidas hoy por la Asamblea Nacional basadas en el supuesto informe del Ministerio de Gobernación que desconocemos; y en especial la opinión del Diputado Luis Coronel Cuadra, que de manera mal intencionada e irresponsable nos vincula con actos de violencia en el departamento de Río San Juan”, informó Fundación del Río en un comunicado en el que responsabilizan al Gobierno de Nicaragua ante cualquier daño a la integridad fìsica que pueda ocurrir a sus miembros.
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La Fundación del Río fue una de las primeras organizaciones civiles amanazadas por el régimen Ortega Murillo desde que inició el conflicto sociopolitico en abril de 2018. Debido a las múltiples violaciones a la libre organización y asociación por parte del Ministerio de Gobernación, Fundación del Río presentó dos recursos de amparo en contra de la Ministra de Gobernación María Amelia Coronel Kinloch y el Director del Departamento de Control y Registro de Asociaciones, Gustado Adolfo Sirias Quiroz, los cuales fueron admitidos el pasado 6 de febrero y el 8 de mayo, ambos a la espera de su resolución por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
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La organización hizo un llamado a la población del sureste de Nicaragua, a las organizaciones aliadas de Derechos Humanos nacionales e internacionales, así como también a las Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil, a rechazar a la criminalización de la que son “víctimas una serie de organizaciones de la sociedad civil y de la Madre Tierra”.
