Régimen Ortega-Murillo asegura que defiende derechos y seguridad ciudadana

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George Rodríguez EP. Los derechos humanos y laborales así como la seguridad ciudadana son promovidos y tutelados en Nicaragua, de acuerdo con lo indicado en un informe elaborado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) de ese país.

En ese sentido, las instituciones que operan en el campo de las garantías fundamentales son permanentemente fortalecidas, aseguró el GRUN en el documento denominado “Prácticas del Estado de Nicaragua en la defensa de los derechos humanos, seguridad ciudadana y derechos laborales en el período 2017 y avances 2018”.

“En Nicaragua se garantiza el irrestricto respeto y protección a los derechos humanos y constitucionales; por ello Nicaragua ha mantenido una política de mejora continua en la promoción, defensa, tutela y garantía, tal y como se ha expuesto en las prácticas en materia de seguridad ciudadana, defensa de los derechos humanos y los derechos laborales”, aseguró, en el texto de doce páginas difundido el viernes.

Al respecto, los compromisos asumidos a nivel internacional son mantenidos en vigencia en la práctica, de acuerdo con la autoevaluación oficial.

“El Estado de Nicaragua mantiene de forma permanente su compromiso internacional de adoptar medidas progresivas destinadas al fortalecimiento institucional en materia de promoción y protección de los derechos humanos”, planteó.

Además de los planteamientos generales, el documento incluye dos puntos específicos, respectivamente referidos a seguridad ciudadana y derechos laborales, los que constituyen algunas de las principales preocupaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos, lo mismo nicaragüenses que internacionales, que dan seguimiento a la violenta crisis sociopolítica que golpea, hace casi síes meses, a ese país centroamericano.

Ello, debido a la denunciada represión policial –principalmente por parte de efectivos antidisturbios- y parapolicial -tanto general, contra las masivas marchas callejeras antigubernamentales, como selectiva, contra opositores específicos-.

También, a causa de la igualmente denunciada persecución de trabajadores, la que se ha enfocado con particular intensidad en trabajadores del sector salud –incluidos médicos- quienes han asistido a opositores heridos.

“En materia de Seguridad Ciudadana, nuestra Constitución Política en su artículo 97 señala la naturaleza, modelo y misión de la Policía Nacional, así como su subordinación al Presidente de la República”, precisó.

Esa disposición, citada textualmente en el documento, determina que la fuerza policial es un cuerpo armado de naturaleza civil cuyo mandato consiste en garantizar el orden interno, la seguridad de las personas lo mismo que de sus bienes, y, en materia de comisión de delitos, responsable de la prevención, la investigación y la persecución.

Además, “la Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante”, según el 97 de los 202 artículos constitucionales.

Un punto de particular preocupación para las entidades de derechos humanos radica en la situación de los detenidos, la que, según denuncias de personas excarceladas lo mismo que de organizaciones de derechos humanos, es deplorable.

Esos planteamientos fueron refutados en el texto gubernamental, según el cual la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) –entidad descrita como independiente no supeditada a ninguna autoridad- recibió, en 2012, un total de 11 denuncias referidas a las condiciones carcelarias, y otras seis correspondientes al período enero-junio de 2018, lo que indica la cifra global 17 cuestionamientos para el período estudiado.

La PDDH investigó la totalidad de las denuncias, lo que resultó en que “en 2 casos emitió recomendaciones a través de las cuales se logró la restitución de los Derechos Humanos señalados en las denuncias, en los otros 15 casos no se constató la vulneración de derechos humanos”, según el informe.

En materia de derechos laborales, el gobierno aseguró, igualmente, disposición a proteger esas garantías.

“El Estado de Nicaragua, a través del Ministerio del Trabajo, protege y defiende los derechos de los trabajadores, lo que se puede observar en los siguientes datos: se atendieron 16,945 trámites conciliatorios, (11,088 hombres, 5,857 mujeres) de los cuales 13,679 (8,867 hombres 4,812 mujeres) concluyeron en actas de acuerdo entre las partes (trabajador, empleador), lo que representó el 81% de efectividad en las conciliaciones laborales”, planteó.

El documento gubernamental reafirmó la visión reiteradamente expresada por la administración del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en el sentido de que el país recuperó la normalidad luego de lo que el gobierno define como un intento de golpe de Estado que, ocurrido en abril, generó la persistente crisis.

Sin embargo, en uno de los más recientes pronunciamientos a nivel internacional sobre la  dramática situación, la Unión Europea (UE) formuló, el 2 de octubre, un llamado, al gobierno de Ortega, a cesar el uso desproporcionado de la fuera para reprimir manifestaciones opositoras lo mismo que la criminalización de la protesta pacífica.

Igualmente, instó a la administración del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, aceptar las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), indicó entonces, en una declaración escrita, la alta comisionada de la Unión para Relaciones Exteriores y Política de Seguridad, la italiana Federica Mogherini.

El documento se enmarca en la violenta crisis sociopolítica estallada el 18 de abril y que, hasta ahora, presenta saldo de por lo menos 500 víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, daño masivo a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente a la vecina Costa Rica-.

Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte de Ortega lo mismo que su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son reprimidas por agentes policiales –principalmente antidisturbios- y grupos parapoliciales, en general, actuando conjuntamente.

La represión antiopositora se lleva a cabo lo mismo masivamente, contra marchas callejeras y otras actividades públicas, que selectivamente, mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.

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