George Rodríguez EP. El Consejo Permanente de la Organización de los Estadios Americanos (OEA) tiene que desistir de su intención de derrocar al gobierno de Nicaragua, afirmó, este jueves, el representante de ese país en la organización, Luis Alvarado.
Luego de las acciones terroristas registradas este año, Nicaragua se encuentra, nuevamente, en paz, aseguró Alvarado, al participar en la Sesión Especial convocada por el Consejo Permanente para abordar la violenta crisis sociopolítica que hace algo más de ocho meses afecta a ese país centroamericano.
“El Consejo Permanente de la OEA debe cesar en su deseo de quitar, de facto, al gobierno” del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, indicó el diplomático, quien aseguró que tras la violencia generada por lo que el régimen describe como un fallido golpe de Estado, Nicaragua “ha vuelto a la paz”.
Alvarado aseguró, en su reafirmación del discurso de Ortega y sus principales colaboradores, que esta sesión del consejo constituyó una nueva acción de injerencismo, en los asuntos internos de Nicaragua, en coordinación con Estados Unidos.
“Rechazamos y condenamos esta nueva maniobra injerencista”, afirmó, además de plantear que “el gobierno de los Estados Unidos debe poner fin a su política injerencista y desestabilizadora contra el gobierno de Nicaragua”.
Respecto al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), sobre Nicaragua, presentado, durante la sesión, por la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la panameña Esmeralda Arosemena, el diplomático nicaragüense dijo que la comisión apoya a sectores golpistas.
El documento, “NICARAGUA Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018” -cuyo contenido incluye la denuncia de comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país, en el marco de la violenta crisis-, fue dado a conocer el 21 de diciembre, en conferencia de prensa que el Giei realizó en Washington.
Ello, debido a que el 19 de diciembre –un día antes de la programada presentación del texto, en conferencia de prensa en Managua, la capital nicaragüense-, la cancillería de Nicaragua decidió expulsar al Giei y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) –los dos equipos de trabajo de la CIDH en ese país-.
Simultáneamente, el ministerio decidió suspender las visitas, de la comisión, a Nicaragua.
“La Comisión no está interesada en defender los derechos humanos de los nicaragüenses. Está (en) contribuir a las ONG progolpe de Estado, para despojar al gobierno de Nicaragua”, afirmó Alvarado.
El diplomático aludió así a las nueve organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos a las cuales, en el lapso del 29 de marzo al 13 de diciembre, les fue anulada la personería jurídica, según decisión de la Asamblea Nacional –parlamento unicameral- solicitada por el Ministerio de Gobernación (Migob).
Ocho de esas sanciones fueron implementadas los días 12 y 13 de diciembre, y la mayoría delas organizaciones afectadas fueron escenario, la madrugada del 14, de violentos allanamientos llevados a cabo, sin orden judicial, por efectivos policiales y parapoliciales.
Esa madrugada, también fueron allanadas las instalaciones de cinco medios de comunicación independientes –los programas periodísticos Esta Noche y Esta tarde, el periódico Confidencial, la revista Niú, y el canal informativo de televisión 100% Noticias-.
En todos los casos, las fuerzas atacantes causaron destrozos masivos en las instalaciones, además de haber sustraído, entre otras cosas, equipo electrónico y documentación interna.
En el caso de 100% Noticias, varios periodistas y trabajadores administrativos fueron detenidos, entre ellos Miguel Mora, director, y Lucía Pineda, jefa de Prensa del medio, a quienes les fueron tipificados delitos relacionados con terrorismo e incitación al odio.
Además, órdenes de captura fueron emitidas contra dos periodistas y un presentador del canal, habiendo los dos primeros optado por exiliarse, lo mismo que un colega y compañera de trabajo quien dijo que recibió información de que corría el riesgo de ser detenida.
Al referirse a las detenciones de periodistas –específicamente las de Mora y Pineda-, Alvarado dijo que las capturas se ajustan a Derecho, ya que, por la vía de ese medio de comunicación, así como en redes sociales, han incitado al odio.
El diplomático se refirió, además a países que, al igual que Estados Unidos vienen condenando al régimen de Ortega por violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión policial y parapolicial antiopositora.
Al respecto, dijo que se trata de “naciones injerencistas, subordinadas a Estados Unidos para empobrecer y desestabilizar a Nicaragua, para impulsar un golpe de Estado”.
La sesión del Consejo Permanente, presidida por Costa Rica, fue convocada –a solicitud de Canadá, en nombre del Grupo de Trabajo para Nicaragua- “para considerar la situación en Nicaragua”, de acuerdo con lo informado, por la OEA, en su sitio en Internet.
El grupo de trabajo –integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú- fue constituido, el 2 de agosto, por el Consejo Permanente, para, entre otros objetivos, ayudar en la búsqueda de solución a la crisis nicaragüense.
La reunión se llevó a cabo mientras en Nicaragua persiste la violenta crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril, habiendo cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-.
