Allan Madriz | EP. La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) indicó este lunes que el proyecto de referéndum para la apertura del monopolio de combustibles “resulta inconveniente y contrario a los intereses nacionales”.
Para la institución, la iniciativa popular impulsada por un grupo de ciudadanos bajo el grupo “Ya No más Recope”, colocaría al país en una situación de desventaja y a Refinadora en un estado de vulnerabilidad.
Además agregaron que el proyecto no garantiza la reducción de precios ni la libre competencia como propone, debido a las “ambigüedades y omisiones de carácter técnico y jurídico que presenta”.
“La promesa de una disminución en el precio para el consumidor no es real porque ya están regulados bajo el principio de servicio al costo y Recope ha consolidado un proceso que garantiza la compra de combustibles con los mejores precios de importación, principal componente del precio de venta local”, indicó la institución mediante un comunicado.
La Refinadora señala que no es válido el argumento que los gastos de la Refinadora elevan el precio de venta de los combustibles y que estos se reducirían en un mercado competitivo.
Bajo su defensa, Recope recordó que la Convención Colectiva que rige desde julio del 2016, por primera vez se renegoció a la baja y cerró el año con una disminución en el costo del 5% respecto al 2015.
La institución indicó además que el criterio técnico de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) respalda su posición, ya que no beneficiaría al consumidor, sino a las empresas distribuidoras.
Finalmente, Recope plantea que la posibilidad de operar en un mercado abierto es una desventaja contra la institución, ya que el proyecto del referéndum no habilita una propuesta de fortalecimiento de la Refinadora; al contrario de como si sucedió con leyes que fortalecieron al INS y al ICE en la apertura de mercados.
Un grupo de ciudadanos denominado “Ya No Más Recope”, recibió recientemente la autorización del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para la recolección de firmas que valen la realización de este referéndum.
Para ello tienen un plazo de nueve meses, a partir de que el TSE le entregue los formularios respectivos, para recolectar 5% del Padrón Electoral (alrededor de 165.000 firmas).