Por Josep María Gras.
El pasado 11 de septiembre se celebró el Día Nacional de Catalunya con una masiva participación de 1.800.000 personas en las calles de Barcelona, la manifestación más grande que hasta ahora se haya celebrado en Europa. La Assamblea Nacional Catalana y otras insituciones civiles, organizadores del evento, armaron una V utilizando la Gran Vía y la Avinguda Diagonal para congregar el mayor número de catalanes dispuesto a reclamar su derecho al voto y el derecho a decidir su futuro. Los catalanes participamos de manera contundente y pacífica, no se registró ningún incidente, y a la vez, mandamos un claro mensaje al mundo: queremos independizarnos de España y ahora.
Tras la manifestación, el proceso independentista de Catalunya no tiene marcha atrás, pese a la oposición del sordo estado español, sobre todo del gobierno central que agravia e impide el proceso independentista, trecientos años después de haber arrebatado la institucionalidad catalana por medio de una guerra violenta.
Pero también con la manifestación, Catalunya posicionó su sentir en el mundo y con ello surgieron interrogantes en muchos países que hasta ahora desconocían el largo proceso independentista.
Por eso, desde la óptica de un catalán quiero hacerles unas pequeñas aportaciones. No me voy a referir a la invasión borbónica de hace 300 años y a la brutal represión posterior, conmemorada cada 11 de septiembre porque, curiosamente, los catalanes celebramos una derrota para no olvidar esa parte vergonzosa de nuestra historia; tampoco voy a recordar los cuarenta años de persecución de la lengua y la cultura catalana durante la dictadura franquista, –Yo mismo tuve que estudiar en castellano y durante muchos años no pude hablar mi lengua en la calle por temor a represalias-, simplemente voy a referirme al último año del gobierno de Rodríguez Zapatero del PSOE y a estos dos años del gobierno de Rajoy del derechista Partido Popular (PP):
El último estatuto de autonomía de Catalunya fue aprobado por el pueblo catalán en un referéndum, posteriormente fue refrendado por las Cortes Generales de Madrid con los previsibles recortes, pero el PP en la oposición recurrió este estatuto al Tribunal Constitucional. Este Tribunal es un órgano político formado por Magistrados de los partidos mayoritarios, es decir, el PP y el PSOE, quienes después de dos años de deliberar, se cargaron el estatuto y lo recortaron de tal manera que el autogobierno de Catalunya quedó con menos competencias que el primer estatuto que tuvimos en nuestra autonomía, aprobado en 1979 una vez recuperada la democracia. Esto generó la primera gran manifestación de los catalanes en muchos años. Más de un millón de personas salió a las calles.
En la franja limítrofe de la autonomía vecina de Aragón, compuesta por unos 47 pueblos y con más de 45 mil habitantes se habla desde siempre el catalán. Pero tras ganar las elecciones lo primero que hizo el gobierno autonómico del PP fue cambiarle el nombre a la lengua catalana por Lapao, un nombre inventado, sacado de la manga. Ahora cuando en esos pueblos yo hablo catalán, me contestan en Lapao. Eso es un claro ataque la cultura e identidad del pueblo catalán.
Catalunya tiene 7.500.000 habitantes y tenemos dos lenguas oficiales; el catalán y el castellano, este último hablado por más de 400 millones de personas en el mundo. Desde que llegó la democracia a España la mayoría de los partidos políticos,menos el PP, decidieron que en Catalunya la escuela se haría en catalán y alguna asignatura en castellano. Se le denominó inmersión linguistica, ya que si no se hacía de esta forma esta lengua corría el riesgo de desaparecer en pocos años. El resultado durante 35 años ha demostrado que los alumnos acaban sus carreras con el mismos dominio linguístico del catalán y el castellano. Pues bien, una vez en el poder lo segundo que hizo el PP fue hacer una nueva ley de educación,(la Ley Wert, llamada así por el ministro de turno). Ahora dicha ley obliga estudiar en castellano el 25% de las asignaturas.
En tercer lugar, cuatro alumnos de colegios diferentes pidieron la educación en castellano y un Tribunal de justicia obligó a los colegios a dar las clases en castellano pese a que el resto de los cientos de alumnos no lo solicitaron. Es decir, se obligó a cambiar de lengua por un estudiante en cada colegio.
En la autonomía de Valencia, cuya lengua el valenciano es una variación del catalán, el gobierno del PP prohibió y cortó la transmisión de Catalunya Radio y TV3, emisoras de radio y televisión en catalán. Además, cerró la única radio y televisión en valenciano con la excusa de la crisis.
Como podemos ver, el PP y también el PSOE son los auténticos separadores, provocadores que con sus políticas de acoso y persecución a una cultura, no han hecho más que alentar a los catalanes a pedir la independencia. Los catalanes estamos cada vez más cansados de soportar insultos y menosprecios del resto de España, por no hablar, además, de la nefasta financiación a la que nos vemos sometidos.
Catalunya representa el 16% en población de España y produce el 21% del PIB español. Según las datos de la Generalitat de Catalunya, esta comunidad aporta a las arcas del gobierno central entre 14 y 16 mil 400 millones de euros anuales, los cuales no son reinvertidos en Catalunya.
“El pasado mes de julio el Parlament de Cataluña otorgó un mandato al presidente de la Generalitat, Artur Mas, para que negociara con el Gobierno español una revisión del sistema de financiación. Según la Cámara (donde CiU y ERC suman mayoría absoluta), el “expolio fiscal” que padece Cataluña “alcanzó en 2009 la cifra de 16.400 millones de euros anuales (el 8,4 por ciento del PIB de Cataluña)”.
Según la resolución parlamentaria, este hecho es “de una gravedad e injusticia que nos sucede en ningún otro estado con un nivel de desarrollo similar” y añade que “está asfixiando el desarrollo de nuestra economía y las estructuras sobre las que se sustentan lo servicios públicos de Cataluña” y que “si Cataluña dispusiese de estos recursos podría garantizar a sus ciudadanos un estado del bienestar sólido y solvente”, cita el diario El Economista, respecto a este tema.
Es decir, no contamos con un sistema de hacienda autonómo y se continúa dando mucho más de lo que se recibe del gobierno central y es de las autonomías donde éste menos invierte. Por ejemplo, el 90% de las autopistas en Catalunya son de peaje, es decir los ciudadanos vuelven a pagar carreteras que se suponen ya pagaron con sus impuestos. Esto es, en cualquier parte del mundo, insostenible y encima de eso, recibimos día sí y día también maltrato y persecución a nuestra cultura, a nuestra identidad.
A ello hay que sumar las fuertes políticas económicas empleadas contra esta autonomía: en la actualidad la generalitad de Catalunya no tiene capacidad para hacer frente a sus deudas, entonces el gobierno central se presenta como salvador y le presta dinero a la Generalitat, pero con la condición de pagar altos intereses… mientras tanto nosotros seguimos enviando millones sin que se regrese poco o nada.
Por todos esos atropellos y otros no citados, se han realizado tres manifestaciones y cada vez son más los catalanes que acuden a las manifestaciones pro independentistas como la culminada el pasado 11 de septiembre.
Los catalanes reclamamos un referéndum en el que democráticamente podamos decidir si queremos seguir con España o queremos la independencia. La situación se está radicalizando día a día y en la manifestación del 11 de septiembre la palabra más coreada era la de independencia y no en vano.
Sabemos que la independencia tendrá un alto coste en lo económico, sabemos que podríamos quedar fuera de la Comunidad Europea, pero lo que está claro es que tendremos que negociar, porque repito, la acciones de independencia no tienen marcha atrás.
El viernes anterior, un día después de las votaciones en Escocia, el Parlamento de Catalunya aprobó el marco legal para una consulta, no vinculante, con amplia mayoría de un 80% de votos de los diputados de la Cámara (Parlament).
En los próximos días seguro que habrá momentos de gran tensión política por este tema y es de esperarse, ya lo anunció el presidente Rajoy, también lo reiteró el canciller español Margallo; que se suspenderá la autonomía catalana si se convoca la consulta. Esa actitud deja mal parada no sólo a España si no a la comunidad Europea por negar un derecho universal y humano de todo ciudadano; el voto.
Así las cosas, será el próximo 9 de noviembre cuando los catalanes podríamos acudir a las urnas para decidir nuestro futuro -para preparar la consulta-, siempre y cuando el Gobierno Central no invalide esta ley catalana, trayéndola a consulta al Tribunal Constitucional, y conociendo las políticas del PP, eso será lo más probable.
