Aarón Chinchilla EP. | Un proyecto de ley denominado “puertas giratorias”, pretende prevenir, detectar y sancionar posibles conflictos de interés y riesgos de corrupción, en que puedan incurrir personas que se mueven de puestos de trabajo entre los sectores público y privado.
A través de conferencia de prensa, la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) anunció la presentación del expediente de ley 21.768 “Ley de resguardo a la imparcialidad en las decisiones de altos funcionarios y funcionarias públicas”, para que ex funcionarios de alto rango tengan restricciones para evitar: posibles conflictos de interés; riesgos de corrupción y el flujo de contactos e información sensible al “cambiarse en puerta giratoria” a un trabajo en el sector público o privado.
“Lo que estas medidas buscan es un periodo de enfriamiento antes de pasar del sector público al privado, incluyendo restricciones que no existen o no están del todo claras en la actualidad. A la vez, previene sobre potenciales conflictos de interés de funcionarios o funcionarias que pasan del sector privado al público, transparentando si existen conflictos entre sus funciones anteriores y las que va a desempeñar en el sector público. El principal fin de estas regulaciones es tutelar la imparcialidad, la equidad y la satisfacción del interés público en el ejercicio de los cargos, evitado así el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito de personas que, al ocupar altas jerarquías en la Administración Pública podrían hacer uso de información privilegiada”, comentó la jefa de la fracción del PAC, diputada Nielsen Pérez.
En profundidad, se busca que personas que hayan ocupado el cargo de la Presidencia de la República, Vicepresidencias, Ministerios y Viceministerios, Magistraturas, Fiscalías, Jefaturas de Misiones Diplomáticas, Contraloría General de la República, Presidencias Ejecutivas, Defensoría de los Habitantes, Procuraduría General, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Superintendencias y otros cargos de alto rango, incluidas Alcaldías y Vicealcaldías, una vez que la persona cese sus labores, durante los dos años de haber terminado, no puedan laborar ni prestar servicios, a título personal o mediante estructuras jurídicas, en entidades privadas o públicas que estuvieren dentro del ámbito de competencias, supervisión, regulación o funciones del cargo público que ocupaban, o fueren destinatarias de sus decisiones.
Tampoco podrán estas personas asumir contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con la Administración Pública en la que hubieren prestado funciones durante ese periodo.
Además, durante esos dos años, deberán presentar ante la Contraloría General de la República (CGR) una declaración sobre su situación laboral u ocupación presente cada cuatrimestre, e informar al nuevo patrono acerca de estas restricciones.
Por otra parte, el proyecto procura que los funcionarios que hayan ocupado una jerarquía en alguna institución pública, no puedan incurrir en actos ilegítimos que privilegien intereses privados suyos o de terceros.
Esta propuesta tiene que ver con los principios de transparencia y la lucha contra la corrupción que interesa a todo el pueblo costarricense y con los que esta Asamblea Legislativa está altamente comprometida” señaló el Sub Jefe de Fracción, Diputado Luis Ramón Carranza,
El texto propone que quienes incumplan estas restricciones reciban sanciones de hasta doscientos salarios base, y se les inhabilite para el desempeño de empleos, cargos o comisiones públicas, incluso los de elección popular, por un periodo de cinco a diez años, sin perjuicio de otras sanciones administrativas o penales previstas en el régimen aplicable.
La iniciativa se basa en convenciones ratificadas por Costa Rica y recomendaciones internacionales con señalamientos ante las consecuencias del tránsito inmediato de personas entre estos sectores público y privado, tales como la Convención Interamericana Contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y las líneas directrices de la OCDE.
