Una nueva iniciativa legal impulsada por el Poder Ejecutivo, que busca otorgar al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) amplias facultades para regular la conducta del mercado financiero, ha generado fuertes cuestionamientos en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, donde está por ser votada.
El proyecto, tramitado bajo el expediente 24.616 y titulado Ley de Protección del Consumidor de Servicios o Productos Financieros, propone un modelo de doble supervisión: mantendría la fiscalización sistémica a cargo de las superintendencias, pero asignaría al MEIC la vigilancia de las prácticas comerciales de las entidades financieras, a través de una transformación de la Comisión Nacional del Consumidor en un tribunal administrativo especializado.
Una de las principales críticas al proyecto es que permitiría al Ejecutivo supervisar directamente a entidades financieras estatales, lo que representa un conflicto de interés, al no garantizar independencia política ni presupuestaria, principios recomendados por organismos internacionales como la OCDE.
Además, los funcionarios encargados de esta nueva supervisión serían designados por el Consejo de Gobierno y financiados con recursos del propio ministerio, lo que podría comprometer su autonomía.
Otro punto polémico del proyecto es que obligaría a las entidades financieras a entregar datos confidenciales de los deudores al MEIC, incluida información del Centro de Información Crediticia (CIC), actualmente bajo custodia de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Este punto revive una controversia ocurrida en 2023, cuando el Banco Central de Costa Rica (BCCR) intentó acceder a estos datos, enfrentando resistencia por parte de la entonces jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar. El caso incluso derivó en una demanda penal y una investigación legislativa, que concluyó que el BCCR violó la protección de datos personales.
El proyecto también establece la creación de un canon de regulación de hasta el 1 % del patrimonio de las entidades supervisadas, monto adicional al que ya pagan a las superintendencias. Este costo, advierten los diputados, se trasladaría al consumidor final a través de tasas o comisiones.
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que las multas contempladas en el proyecto son desproporcionadas, ya que se calculan como porcentaje del patrimonio contable de las entidades, sin considerar la gravedad o naturaleza específica de la conducta.
Por ejemplo, el trato irrespetuoso hacia un cliente podría conllevar una sanción de hasta 2 % del patrimonio del banco, lo que, según el informe técnico, afecta el principio de proporcionalidad y genera castigos desiguales por faltas similares entre entidades de distintos tamaños.
También se contempla la posibilidad de suspender operaciones hasta por tres meses o cancelar la actividad de las entidades, sin definir plazos o procedimientos claros, lo que podría vulnerar garantías constitucionales y de debido proceso.
Diputados de la Comisión de Asuntos Económicos confirmaron que la iniciativa será votada próximamente, aunque varios legisladores expresaron su preocupación por los conflictos institucionales, la duplicidad de funciones y el impacto económico sobre los consumidores.
El debate en torno al proyecto refleja un choque entre el interés por fortalecer la protección al usuario financiero y los riesgos que implica centralizar el poder de regulación en manos del Ejecutivo, en detrimento de la autonomía técnica de los entes supervisores existentes.
