Allan Madriz| EP. Agilizar la construcción de obra pública en el país, es lo que pretende el proyecto de ley (Expediente 20.469) presentado por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís.
Solís indicó que la iniciativa, conocida como A.CE.L.E.R.A.R. (Agilizar la Construcción por el Estado, Limitando Embudos, Requisitos y Análisis Redundantes), busca eliminar duplicidades en materia de obtención de la viabilidad ambiental, pero sin debilitar la legislación ambiental ni la obligación de cumplirla.
“La Asamblea Legislativa ha resuelto diversos problemas relacionados con el financiamiento y normativa para la construcción de obra pública… Pero lamentablemente, persisten embudos que dificultan, atrasan y encarecen dichas inversiones. De todos esos obstáculos, el tiempo que se pierde para conseguir la viabilidad ambiental es el peor”, indicó el legislador del PAC.
El cambio que propone el proyecto, es que la viabilidad ambiental se otorgue de manera automática con la sola presentación del estudio de impacto ambiental por el ente ejecutor.
Esto aplicaría para obra pública que se construya en área no impactada y que se lleve a cabo por la administración o por contrato; así como para obra pública que se construya en área impactada, en este caso sin importar la vía legal que se utilice (administración, contratación, concesión, fideicomiso, empresa conjunta, etc.).
“Hoy en día SETENA necesita de varios meses y hasta años para valorar el análisis del impacto ambiental presentado por las instituciones del Estado que construyen obras. Esto retrasa el inicio de las obras e impide que los recursos disponibles se utilicen eficientemente”, indicó Solís.
Para el legislador del PAC, instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), tienen una amplia infraestructura burocrática y financiera especializada en hacer estudios de impacto ambiental acordes con la legislación costarricense.
“Según el Estado de la Nación, los proyecto de mayor envergadura tardan entre 400 y 700 días para obtener la viabilidad. Todo ese es tiempo que desperdiciamos y en el que se detiene el desarrollo económico y social del país”, explicó Solís.
El legislador enfatizó que tanto el marco legal ambiental del país como su régimen sancionatorio, no sufrirán cambios, por lo que la iniciativa no disminuye la protección del ambiente.
Además, los estudios de impacto ambiental se continuarán realizando conforme los lineamientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y por los expertos avalados por dicha instancia o por las unidades ambientales de las instituciones.
