Elvis Martínez | EP. El Proyecto de Ley para Libertad Religiosa y de Culto (Expediente 19.099) presentado por el ex diputado Carlos Avendaño del Partido Restauración Nacional y convocado por el Gobierno de Solís, pretende, entre otras cosas, que el Estado costarricense financie a todas las religiones.
El proyecto pretende establecer una definición jurídica para las Iglesias no católicas y delimitar los derechos y deberes de luteranos y evangélicos y otras denominaciones cristianas.
“El Estado costarricense, tanto en el plano nacional como local, deberá garantizar la protección de las personas, así como de las organizaciones religiosas, en sus creencias y manifestaciones de culto público y facilitará la participación de ambas en la consecución de sus objetivos y del bien común. Así mismo será obligación del Estado facilitar todas las medidas y permisos necesarios para que las organizaciones religiosas lleven a cabo actividades de caracter social y cultural”, señala el proyecto de ley.
El proyecto además pretende garantizar el derecho de información doctrinal, pese a que en el país existe libertad de culto.
“Toda persona tiene derecho a recibir e impartir enseñanza e información religiosa, desde su propia confesión religiosa, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento idóneo”, indica el proyecto.
El proyecto de ley forma parte de un paquete de 70 iniciativas de leyes convocadas por el Ejecutivo para el primer período de Sesiones Extraordinarias que inicia este 4 de agosto.
La iniciativa de ley busca que el Estado cree una nueva estructura gubernamental desde el Ministerio de Justicia que se ocupe de los asuntos religiosos ( Dirección General de Asuntos Religiosos) y obligaría al Gobierno a financiar y facilitar el funcionamiento de los centros de oración y la enseñanza de la religión en los centros educativos. Por otro lado, propone renovar automáticamente los permisos de salud a los templos con más de 10 años de funcionamiento.
Los legisladores Gonzalo Ramírez y Abelino Rodríguez, de Renovación Costarricense; Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional, Mario Redondo de la Alianza Demócrata Cristiana, y Oscar López de Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), son las piezas que componen el bloque evangélico y han anunciado que cuentan con suficiente fuerza para que el proyecto avance. Su prioridad es votar el proyecto antes de modificar la Constitución Política.
Sin embargo, Jorge Revollo, director de Culto de la Cancillería aseguró este lunes que cualquier reforma sobre la libertad religiosa en Costa Rica debe de empezar por la reformar el artículo 75 de la Constitución Política, que establece que “la Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado”.
“Antes de aprobarse el proyecto de Ley de Libertad Religiosa y de Culto que el Gobierno impulsa en el Congreso, el país debe de dar un viraje hacia un Estado laico”, manifestó Revollo.
Por su parte el Poder Ejecutivo ha reiterado que busca igualdad religiosa. En abril el Presidente Luis Guillermo Solís manifestó que la prioridad de su gobierno era impulsar un Estado Laico.
Sin embargo, los diputados evangélicos sostienen que la propuesta de Estado Laico pretende “sacar a Dios de cualquier lugar”.
“Lo que se ha propuesto hasta ahora como Estado laico es un Estado ateo, donde se saque a Dios de todo, donde los diferentes credos no puedan hacer uso de bienes públicos del Estado. Así no se puede concebir”, dijo el diputado Fabricio Alvarado este domingo en declaraciones al diario La Nación.
¿De estado Uni-confesional a uno Pluri-confesional financiado?
Costa Rica es el único Estado Confesional en América Latina, ello se traduce en la obligación constitucional de brindar una serie de privilegios y exenciones a la Iglesia Católica. Es decir, el Ejecutivo transfiere parte de su presupuesto gubernamental hacia las arcas de la Iglesia Católica, amparado en el artículo 75 de la Constitución Política.
Por ejemplo, datos de Presupuestos Nacionales de 2007 hasta 2014 indican que durante la Administración Arias se transfirieron en total ¢386,6 millones a la Iglesia Católica, mientras que durante el Gobierno de Chinchilla, quien desde su primer año de mandato fue nombrada “hija predilecta de la Virgen María”, otorgó ¢940 millones a las temporalidades de esta denominación religiosa, es decir un incremento del 143%.
Al financiamiento directo vía Presupuesto Nacional, se suman los subsidios a los colegios católicos, el dinero que les giran instituciones del Estado para que administren proyectos de ayuda social, el dinero que invierte el Ministerio de Cultura en la restauración de templos, y la exención del pago de vienen inmuebles.
Por ello, desde hace años se ha propuesto impulsar el Estado Laico, sin avances concretos.
El Proyecto de Ley para Libertad Religiosa y de Culto llega en momentos en que el Poder Ejecutivo negocia con el Vaticano un acuerdo (Concordato) con el cual se garantizaría que Costa Rica deje de ser un Estado confesional católico.
http://reinhardt707.wordpress.com/2014/08/03/un-estado-sin-fe-oficial-pero-con-dios-es-un-estado-laico-aconfesional-laicista/
Los “Evangélicos quieren Estado sin fe oficial pero ‘con Dios’”;
“Los congresistas evangélicos quieren que el Estado costarricense deje de ser católico confesional, pero se mantienen las alusiones a Dios en todos los demás sentidos.”…
En sus propias palabras,… Continúa.
Ese obispo luterano que llegó a la casa presidencial no ha hecho nadacomo ministro y solo llegó ahi para beneficiar a ese reguero de sinverguenzas pastores. Pueblo de CR dejaremos de pagar impuestos.
Acaso no les basta con los diezmos. Sí se los usan para enriquecer a los “pastores”, como no van a robarse el dinero de todos. Ya han demostrado que son abusadores, violadores, robasalarios, ladrones etc etc. y están pretendiendo meternos la mano en la bolsa a todos.