El presidente y director de la Fundación Prodefensa de los Derechos Humanos (Fundeprode) Hermez González, denunció ante el Consejo de Transporte Público (CTP) supuestas amenazas tras cuestionar a funcionarios públicos de esa institución, al señalar quejas de vecinos por eventuales favorecimientos al grupo relacionado con la empresa Caribeños, en el proceso de permiso de operación en la ruta 1501 Bolsón de Santa Cruz-San José.
“En días recientes, luego de que hiciéramos públicas gestiones y denuncias de ciudadanos y organizaciones sobre las anomalías en la designación de un operador autobusero en un distrito de Santa Cruz, Guanacaste, nuestra Fundación ha sido objeto de varias llamadas telefónicas de amenazas violentas”, señaló González en una nota enviada al ministro de Transportes, Mauricio Batalla.
El defensor de derechos humanos indicó en su nota que desde que trascendieron los cuestionamientos sobre irregularidades y apoyos poco claros para que la empresa Autotransportes Colorado de Abangres SA. ligada al emporio del empresario Jorge Solano, empezó a recibir llamadas amenazantes.
“En forma cobarde han llamado para proferir insultos y, según quienes lo hacen, advertirnos que no nos metamos “en lo que no mos importa””, apuntó González.Asimismo, consideramos oportuno informar que judicializaremos las amenazas que hemos recibido. Y garantizamos que seguiremos erguidos en nuestro trabajo para defender y promover los derechos humanos.
”Quiénes intentan callarnos son personas que creen en la violencia como mecanismo para empujar intereses creados desde la institucionalidad pública. Nosotros creemos en la transparencia y en la denuncia pública como métodos para que los derechos se respeten y para que se detengan actos ilegales y abusos de empresarios sin escrúpulos y de funcionarios con poca vergüenza”, agregó.
“Desde nuestra Fundación recalcamos que no nos dejaremos amedrentar por quienes, desde la oscuridad y el anonimato, petenden silenciar nuestra voz de representación y defensa de los derechos de los guanacastecos o de cualquier ciudadano que, amparado en la institucionalidad, recurra a nosotros en busca del amparo necesario para garantizar el cumplimiento de las gaantías constitucionales de nuestro Estado de Derecho”, dijo.
