Allan Madriz | EP. Nueve cámaras de turismo, 11 municipalidades guanacastecas y más de 25 asociaciones de pescadores del sector artesanal y turístico de Costa Rica, anunciaron su oposición a la aprobación, en segundo debate, del expediente 21.478: “Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón”.
Con la aprobación de este proyecto, se reactivaría la pesca de arrastre, una técnica que utiliza redes para “barrer” el fondo marino y capturar camarones. Las organizaciones sostiene que también se recolecta otras especies que no son el objetivo, como peces pequeños (juveniles), tiburones, tortugas, rayas, moluscos, crustáceos, erizos, estrellas de mar y otros invertebrados.
“Esta no es una actividad sostenible, pues al raspar el fondo marino hay remoción de sedimentos lo que provoca turbiedad en el agua y afecta directamente los sitios para practicar buceo y snorkeling. También produce daños en los ecosistemas de peces que son fuente de alimento para especies de interés turístico como los delfines”, indicó César Gallardo, directivo de la Cámara de Turismo Guanacasteca (Caturgua).
Asimismo, once municipios que integran la Federación de Municipalidades de Guanacaste (Abangares, Bagaces, Cañas, Carrillo, La Cruz, Hojancha, Nandayure, Nicoya, Liberia, Santa Cruz y Tilarán), así como las intendencias de Colorado de Abangares y Lepanto de Puntarenas, manifestaron su oposición al proyecto en respaldo a varios pronunciamientos planteados por 25 organizaciones pesqueras de las comunidades de la costa Pacífica del país.
“La posible reactivación de la pesca de arrastre, sumada a la difícil situación socioeconómica generada por la pandemia, expondría a miles de familias de nuestras comunidades a una situación de pobreza y desigualdad sumamente crítica”, señaló el alcalde de la Municipalidad de Nicoya, Carlos Martínez.
La principal preocupación de los pescadores artesanales ante la eventual reactivación de la pesca de arrastre es la posición de desventaja en que quedan estos trabajadores del mar.
“El sector industrial y semi-industrial camaronero logra barrer más longitud de los suelos marinos y además de camarones, capturan otras especies como dorado y pargo que son de interés comercial para los pescadores artesanales y nuestras familias”, advirtió Edwin Murillo, representante de la Cámara de Pescadores de Guanacaste.
En el 2013, la Sala IV declaró inconstitucional la pesca de arrastre y prohibió la renovación y la emisión de nuevas licencias, hasta contar con estudios que determinarán el estado de la biomasa (cantidad de camarón disponible en el mar); el impacto ambiental sobre el ecosistema, la sustentabilidad de la pesca y su afectación a otros sectores como pescadores artesanales y turísticos.
En el 2018, la Sala declaró inconstitucional el trámite del proyecto de ley 18.968 por no contar con los estudios técnico científicos previos que resolvieran las cuestiones señaladas en la sentencia de 2013.
Ese mismo año, el Tribunal ordenó a Incopesca realizar, en un plazo de 6 meses, estudios de carácter técnico científico en coordinación con el Minae, la academia y otras entidades para demostrar una reducción significativa de la fauna de acompañamiento.
Este grupo de opositores, señalan que el estudio realizado para dar viabilidad a la iniciativa de ley, generó resultados parciales, que han sido señalados como insuficientes por parte de las instancias académicas expertas del país y cuestionados por organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia.
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