William Aguilar | EP. Ante las declaraciones emitidas por el juez Juan Carlos Pérez, en la lectura del por tanto en caso del fallecimiento de un bebé de 9 meses a manos de sus padres, y en el que se indicó responsabilidad de funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la institución reaccionó y brindó su versión de los hechos.
Esto lo hizo el patronato a través de su presidenta, Ana Teresa León, quien indicó que la institución es respetuosa de las manifestaciones del juez, sin embargo, en la denuncia de agresión al menor, recibida el 8 de abril del 2014, a las 12:20 medio día, no se hacía constancia del nombre del bebé, ni el de sus progenitores.
De Igual forma, señala que León que el Centro de Orientación e Información es una plataforma tecnológica que no cuenta con equipo profesional de atención de riesgo y vulnerabilidad, y ante tales casos, procede ingresar las denuncias al enlace con el 911, que entonces se traslada a la Policía, Cruz Roja y al Departamento de Atención Inmediata (DAI) del PANI.
La Presidenta del PANI también indicó que al darse parte a la policía, un oficial de apellidos Cubillo Mora, se apersonó al lugar del incidente (una cuarteria), pero no encontró a los denunciados.
Según explicó León, la policía contactó entonces con el Hospital Nacional de Niños (HNN) para verificar el ingreso de un niño víctima de agresión física, con respuesta negativa. Luego de eso, funcionarios del DAI coordinan con la policía para verificar la intervención, también con resultado negativo.
Cerca de las dos de la tarde de ese mismo día, continúa la jerarca del PANI, funcionarios del PANI llegaron a la cuartería en compañía de los oficiales Mejía Vindas y Fallas Padilla. En el lugar atendió el dueño de la lugar de apellidos Navas Molina, quien indicó que la familia había desocupado el cuarto y negó haber escuchado o visto malos tratos hacia el niño; expresó además desconocer datos de identificación y teléfonos y su actual ubicación.
“Las cuarterías, ante una intervención de esta naturaleza, es difícil que se brinde información sobre las personas que allí habitan. Es evidente que el dueño de la cuartería ocultó información por lo que se procedió a denunciarlo ante la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial, el 15 de abril del 2014”, explicó León.
La Presidenta del PANI relató también que la Presidencia Ejecutiva de la entidad ordenó una investigación preliminar disciplinaria a los funcionarios que atendieron el caso. En dicha investigación se demostró que la actuación institucional fue la apropiada, y que se dio de manera inmediata, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de denuncias.
Por todo ello, considera León, las manifestaciones del Juez Pérez no corresponden objetivamente al trabajo realizado por el PANI.
