Ortega y Murillo dicen que no hay adelanto de elecciones

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George Rodríguez EP. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, aseguraron este sábado que, contrariamente a lo planteado por la oposición, las elecciones programadas para 2021 no serán adelantadas.

En ese sentido, Ortega formuló un llamado, a los nicaragüenses en general y a la oposición en particular, a respetar el orden institucional nicaragüense.

Al hablar en un multitudinario acto progubernamental llevado a cabo en Managua, la capital nacional, el mandatario exhortó, además, al sector privado, al que acusó de actuar como partido político, a cumplir su labor en la economía nacional.

“A esto tiene que sumársele el esfuerzo de todos, incluyendo las fuerzas económicas que se han convertido en partido político. Los empresarios no son un partido político. Los empresarios están para producir. Si quieren formar un partido político, están en su derecho, pero que cumplan con su deber como empresarios ante el Estado y el pueblo nicaragüense”.

El tiempo para actual políticamente, en el proceso electoral, se dará dentro de tres años, tal como está previsto, aseguró.

“Ya habrá momento para elecciones. Las elecciones son en noviembre de 2021. Así como a nosotros nos tocó esperar 18 años para ganar las elecciones, que ellos esperen”, indicó.

Ortega aludió así al período transcurrido desde 1990, cuando el nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) registró la primera de sus tres sucesivas derrotas electorales, y 2007, cuando regresó al poder –en el que se ha mantenido sin interrupción (2007-2012, 2012-2017, 2017-2022), luego del primer mandato, al frente del gobierno revolucionario (1979-1990)-.

“No es por golpe que se cambia la política de Nicaragua, en este día le hacemos ese llamado a nuestro pueblo y a las fuerzas políticas que nos adversan en el campo político que está bien que hagan sus actividades, pero que respeten el marco institucional de nuestro país”, planteó.

Ortega y otros jerarcas gubernamentales describen como un intento de golpe de Estado la violenta crisis sociopolítica que, estallada a raíz de un decreto presidencial, convulsiona, hace algo más de cinco meses, a Nicaragua.

Al participar luego de Ortega, en el acto público, Murillo advirtió que “las elecciones no se adelantan ni un día, ni una hora, vamos al 2021”, y, dirigiéndose a la oposición, agregó: “prepárense, gánennos, a ver si pueden, a ver si el pueblo después de todo este episodio de destrucción, crimen y tortura les va a dar el voto, pero prepárense”.

Respecto a los recurrentes llamados a paro nacional formulados por la oposición, Ortega advirtió, en el mensaje de casi una hora de duración, que si el sector privado persiste en suspender actividades, el gobierno movilizará a la Policía Nacional para mantener los comercios funcionando.

“Se ponen hacer paro, quieren paralizar el país. Ellos insisten en acabar con la economía. Cada vez que llaman a paro, estos empresarios salen con el cuento de que les van a quemar sus negocios. Entonces, cada vez que llamen a paro, les vamos a mandar la policía, para que la policía les tenga las puertas abiertas”, aseguró.

Los paros empresariales perjudican a la población, razón por la cual la actividad privada debe mantenerse, indicó.

“No pueden seguir cerrando. El pueblo nicaragüense exige servicio, y (los empresarios) siguen cerrando esos negocios. Entonces, les vamos a mantener abiertos esos negocios”, subrayó.

La actividad se llevó a cabo en el marco de la violenta crisis sociopolítica estallada el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

El retiro, días después, del decreto, determinó que la masiva protesta popular en desarrollo se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y Murillo renuncien a sus respectivos cargos.

La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión tanto policial como parapolicial, acciones que han cobrado alrededor de 500 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos y desaparecidos.

La dramática situación también ha causado daño de consideración a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de cientos de miles de empleos.

Asimismo, ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

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