George Rodríguez EP. Organizaciones de derechos humanos y personas expertas en la materia, de varios países incluida Honduras, constituyeron una misión de observación del juicio contra ocho acusados en el caso del asesinato de la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres, informó este jueves el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Center for Justice and International Law, Cejil).
Se trata de determinar si el proceso judicial se desarrolla en cumplimiento de las normas judiciales lo mismo internacionales que del país centroamericano, plantearon las organizaciones, citadas en un comunicado emitido por el centro.
“Quince organizaciones internacionales y nacionales, personas expertas en derechos humanos, derecho internacional y derecho nacional han formado una misión para observar el respeto del derecho a un debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres”, informó Cejil, entidad con sede central en Washington y sede regional, para México y Centroamérica, en San José, la capital de Costa Rica.
La idea consiste en monitorear, en el terreno, el desarrollo del proceso judicial referido al caso que incluye el intento de asesinato de un ambientalista mexicano quien se hallaba en el sitio del crimen, según la información.
De ese modo, se podrá “garantizar que el primer juicio contra ocho imputados por el asesinato de la líder indígena Lenca, y el intento de asesinato del activista ambiental mexicano Gustavo Castro, se desarrollen de acuerdo con estándares internacionales y la normativa interna”, agregó Cejil.
El proceso judicial está programado para desarrollarse del 17 de setiembre al 19 de octubre, en la sede del Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa, la capital hondureña.
Citadas en el comunicado, las organizaciones destacaron la necesidad de que la justicia sea debidamente administrada como parte de una sociedad democrática regida por el Estado de Derecho.
“La adecuada administración de la justicia es un componente esencial del Estado de derecho, y un sistema legal que funcione y demuestre su capacidad para actuar con independencia e imparcialidad es fundamental para una sociedad democrática basada en el respeto de los derechos humanos”, indicaron.
La impunidad que caracteriza a las violaciones a los derechos humanos –y otras actividades delictivas- en Honduras, plantea la necesidad del monitoreo de este proceso judicial, señalaron, además.
“En numerosas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado una situación de impunidad estructural en Honduras, por lo tanto nuestra misión de observación es un esfuerzo oportuno para monitorear si el proceso judicial cumpla con los estándares internacionales”, expresaron las organizaciones.
Los integrantes de la misión de observación tienen proyectad reunirse, en Honduras, con autoridades judiciales y fiscales hondureñas, así como con embajadores y representantes de organismos internacionales de derechos humanos acreditados en el país, lo mismo que con abogados y víctimas involucrados en el caso, para obtener la más amplia visión del juicio, según el comunicado.
Las organizaciones parte del grupo de trabajo indicaron que “hacemos un llamado a las autoridades judiciales para que permitan un correcto desarrollo del proceso, apegado a derecho y en consonancia con las responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos que ha asumido Honduras”, lo que “es particularmente relevante en un contexto en el que la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras está en el foco de atención de la comunidad internacional”.
Durante la misión de observación, los miembros del equipo se reunirán con funcionarios y funcionarias judiciales; fiscales, misiones diplomáticas, organismos internacionales de derechos humanos, abogadas y abogados defensores y de las víctimas, en un esfuerzo por obtener una amplia perspectiva del juicio.
Cejil informó, asimismo, que los planteamientos formulados por los integrantes de la misión fueron remitidos al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Rolando Argueta.
Cáceres, líder indígena, activista de derechos humanos en general y de derechos de las mujeres, y ambientalista, fue asesinada a balazos la madrugada del 3 de marzo de 2016, en su vivienda en La Esperanza, localidad a unos 180 kilómetros de Tegucigalpa, en el occidental departamento (provincia) de Intibucá, limítrofe con El Salvador.
Días antes, la dirigente había encabezado una de varias manifestaciones pacíficas contra el megaproyecto hidroeléctrico Agua Zarca, previsto para construirse en el departamento de Santa Bárbara, también en el occidente hondureño.
El proyecto, autorizado en 2010 por el gobierno del entonces presidente (2010-2014) de Honduras, Porfirio “Pepe” Lobo, se implementaría en un sector del río Gualcarque –cuerpo de agua sagrado para el pueblo indígena Lenca, al cual la dirigente pertenecía-.
En inmediata reacción, habitantes del área buscaron el apoyo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), y explicaron que su oposición al plan obedecía a que, en el caso de materializarse, la estructura de grandes proporciones generaría fuerte daño ambiental en perjuicio de comunidades indígenas y campesinas asentadas en el área.
El Copinh, organización defensora de los derechos humanos, fue cofundado, en 1993, por Cáceres y el también dirigente indígena Salvador Zúniga, entonces su compañero sentimental.
Los pobladores locales subrayaron entonces la necesidad de detener el trabajo de construcción -labor que estaba en marcha-.
La resistencia del Copinh, liderada por la dirigente en constante y pacífica oposición, fue blanco de fuerte represión, no obstante lo cual hizo que la empresa estatal china Sinohydro –la principal constructora de represas a nivel mundial- y la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial (BM) –la parte inversionista- se retirasen del proyecto.
Sin embargo, la empresa hondureña Desarrollo Energético Sociedad Anónima (Desa) retomó el proyecto, lo que reactivó la movilización opositora local, siempre con el liderazgo de Cáceres, lo que impidió, nuevamente, que fuese llevado a cabo.
La decisión del gobierno de Lobo –quien llegó al poder tras haber ganado las elecciones de noviembre de 2009, llevadas a cabo bajo el régimen de facto surgido del cruento golpe de Estado de junio de ese año- fue tomada sin previa consulta a las comunidades involucradas, lo que violó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (C169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente desde 1989 y ratificado en 1995 por Honduras.
El sexto de los 46 artículos del instrumento internacional –más conocido como Convenio 169 de la OIT- establece que “al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán (…) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Igualmente, “establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan”.
Además, “establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin”.
También advierte, en el mismo artículo, que “las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
