Pressenza | EP. A partir del próximo 1 de julio entrarán en vigor en España, la Reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza. Leyes que sancionan, prohíben y criminalizan prácticas tan normalizadas como parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles. Leyes que castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta.
Lo hacen en nombre de la seguridad ciudadana pero son la respuesta de quienes sienten cualquier iniciativa social como una amenaza a sus privilegios. Emanan de su incapacidad para vivir con alegría el despertar de la gente, la toma de calles, la defensa de derechos laborales o el uso de plazas como espacio de reflexión colectiva.
No entran en vigor para garantizar la seguridad ciudadana sino para convertir en ley su temor, el miedo que les despierta el deseo de democracia. Por eso se defienden atacando.
Esto, según el artículo 573 de la nueva ley, que califica como delitos graves los actos contra la Corona, la ocupación de espacios públicos o privados, así como la toma de medios de transporte, camiones y autobuses, por ejemplo.
Opinar y amenazar a la Corona constituyen dos delitos diferentes
Las injurias contra la Corona en España constituyen un delito de Lesa majestad, una ofensa o crimen contra un rey o reino. Estas injurias u ofensas pueden acarrear hasta 2 años de prisión pero no será un delito de terrorismo.
La reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana conlleva un gran incremento de las infracciones relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación así como la libertad de expresión.
Además de la aprobación de la Ley Mordaza, también se ha reformado el Código Penal que perseguirá alteraciones del orden público más allá de las calles. El nuevo código castigará a las personas que difundan mensajes que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público (como el llamamiento a la protesta).
También se considera delito el compartir en las redes sociales una manifestación, por alterar el orden público si se producen altercados durante las manifestaciones.
El nuevo Código Penal, establece penas de 3 a 6 meses de cárcel para quienes ocupen propiedades públicas o privadas, perturbando la actividad, como por ejemplo los escraches a Bancos, impedir un desahucio o encerrarse en hospitales para reivindicar tratamientos para los enfermos.
Una serie de organizaciones civiles han decido manifestarse en contra de las nuevas medidas el próximo martes 30 de junio entre Atocha y la Puerta del Sol, en Madrid.
