George Rodríguez EP. La amenaza emitida por la Policía Nacional de Nicaragua respecto a criminalizar las manifestaciones opositoras que tienen lugar en ese país es violatoria del derecho a la libertad de reunión pacífica, advirtió este sábado la Oficina del Alto Comisionado de Las Naciones para los Derechos Humanos (Oacnudh).
Lo afirmado por esa fuerza de seguridad, en cuanto a responsabilizar a los organizadores de esas actividades es, además, contrario a la normativa básica sobre responsabilidad penal, aseguró la agencia especializada de Naciones Unidas, en una declaración escrita que difundió en redes sociales.
La entidad advirtió que “considerar responsables o exigir cuentas a organizadores y participantes en las reuniones por el comportamiento ilícito de otros viola normas básicas de la responsabilidad penal y los estándares sobre derecho a la libertad de reunión pacífica”.
Igualmente, esas expresiones amedrentan a los potenciales participantes en esas actividades públicas, señaló la Oacnudh.
“Las declaraciones difundidas ayer por la Policía Nacional generan un efecto inhibidor en las personas que quieren libremente ejercer sus derechos a reunirse, manifestarse y expresarse”, planteó la entidad internacional.
La Oacnudh emitió la declaración un día después de que, en una Nota de Prensa de su División de Relaciones Públicas, la Policía Nacional afirmó que, contrariamente a lo que indican sus organizadores, las manifestaciones callejeras opositoras son ilegales, no son pacíficas, e implican acciones delictivas que atentan contra el derecho a la seguridad y a la vida de las familias nicaragüenses.
“La Policía Nacional responsabiliza a quienes han convocado y convocan a estas Concentraciones y Movilizaciones Públicas ilegales, de las alteraciones al Orden Público, de las acciones ofensivas y delictivas, y de las agresiones que irrespetan el Derecho al Trabajo, a la Seguridad y la Vida de las Familias nicaragüenses”, indicó.
Los responsables de esas acciones serán acusados formalmente y judicializados, aseguró, en el texto de tres páginas.
“Los convocantes son Responsables y responderán ante la Justicia, de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas Actividades”, advirtió la policía, y agregó que “ha investigado, investiga, y acusará formalmente, a quienes se encuentren responsables de los daños materiales y afectaciones humanas en las actividades pasadas, porque constituyen gravísimos delitos contra la Seguridad, la Vida, y el Orden Público”.
La declaración de la Oacnudh y la Nota de Prensa policial se enmarcan en la violenta crisis sociopolítica estallada el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Las manifestaciones opositoras, fuertemente reprimidas por efectivos policiales y parapoliciales, apoyan la masiva exigencia popular de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La dramática situación ha cobrado alrededor de 500 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos y desaparecidos, además de estar causando daño en gran escala a la economía nacional, y haber determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
