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Aarón Chinchilla EP. | Los jerarcas del Ministerio Público, Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalaron su “total oposición” al texto dictaminado por comisión legislativa que aprueba el proyecto de ley de extinción de dominio, ya que “que quedarían por fuera delitos graves, como corrupción, contrabando y pornografía infantil, entre otros”.

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Según trascendió, la Fiscal General, Emilia Navas, el director de OIJ, Walter Espinoza y el director del ICD, Guillermo Araya, manifestaron que el texto legislativo delimita la definición de bienes, y con ello, el alcance de estos que pueden ser objeto de un proceso de extinción de dominio, y al mismo tiempo excluye las formas modernas de bienes, como los activos virtuales, por ejemplo, las criptomonedas.

De igual forma, afirman que, el texto tampoco acepta la creación de un régimen especial de contratación para efectos del traslado, seguridad, resguardo y administración de bienes sujetos a las disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio y el presupuesto necesario para ello. Sin ese régimen, se limita la efectividad en la contratación de los terceros especializados, en casos de urgencia y necesidades especiales, no necesariamente abordados en la planificación presupuestaria que exige la Ley de Contratación Administrativa.

 “No se acepta que se omitan o excluyan los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública, el contrabando y en general, todas aquellas conductas delictivas de las cuales derivan los patrimonios ilícitos”, afirmó la Fiscal General Emilia Navas.

En el mismo sentido, el Director del OIJ manifestó que el texto dictaminado “delimita la aplicación de la ley a actividades ilícitas relacionadas, en sentido estricto, con el narcotráfico, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas y explosivos, terrorismo y su financiamiento, trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes o tráfico de órganos”, lo cual atenta contra el fin que busca la Ley”.

Por su parte, el director del ICD, Guillermo Araya, mencionó que utilizar la extinción de dominio para la captación de fondos resulta nocivo, además que “atenta contra la separación de poderes del Estado”.

La extinción de dominio no es un instrumento que se deba utilizar para amortizar la deuda pública. La distribución de los dineros declarados en extinción de dominio, otorgando un porcentaje al Ministerio de Hacienda para la amortización de la deuda traería efectos negativos a nivel social y fundamentalmente atenta contra los principios de objetividad y separación de poderes del Estado”.

El texto contó con el apoyo de las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN) y Partido Integración Nacional (PIN). Ahora, la iniciativa deberá  ser analizada y posteriormente votada en el plenario.

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