George Rodríguez EP. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA, plantearon este sábado la necesidad de que un equipo de Naciones Unidas, cuya labor fue abruptamente suspendida por el gobierno nicaragüense, regrese al país.
Almagro y el Grupo de Trabajo expresaron honda preocupación por la decisión gubernamental, del 30 de agosto, de terminar la invitación, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), a que enviase un equipo de trabajo, y de declarar concluido la labor de ese equipo.
“Solicitamos (…) el regreso a Nicaragua de los Representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos”, manifestaron, en un comunicado, además de expresar “nuestra profunda preocupación por la decisión del Gobierno de Nicaragua”.
También señalaron el compromiso a aportar al desarrollo de lo que describieron como un diálogo inclusivo con miras lograr solución a la violenta crisis sociopolítica que hace algo más de cuatro meses golpea a Nicaragua.
En ese sentido, indicaron que “se comprometen a cooperar entre sí, cada uno dentro de sus respectivas competencias, aplicando todos los componentes pertinentes del sistema interamericano, para avanzar hacia un enfoque coherente y efectivo que permita lograr un dialogo inclusivo y útil en Nicaragua lo más pronto posible”.
El texto aludió así al complejo Diálogo Nacional promovido por el gobierno, con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadora y testigo, con el objetivo declarado de lograr solución negociada a la dramática coyuntura nacional.
Instalado el 16 de mayo, el diálogo sufrió una serie de suspensiones, a causa de las posiciones intransigentes de ambos actores centrales –el gobierno, representado por la delegación encabezada por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, y la oposición, representada por la multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia-.
Las conversaciones permanecen suspendidas desde el final de junio, en un contexto de confrontación entre el gobierno y la CEN.
“Reiteramos la voluntad de trabajar para garantizar un diálogo sincero, constructivo y útil en Nicaragua que permita una solución pacífica y sostenible a la grave situación que existe en ese país”, reafirmaron.
También plantearon la necesidad de que el gobierno facilite la labor de otros grupos de trabajo establecidos por la OEA en materia de derechos humanos en ese país centroamericano.
“Solicitamos además la eliminación de los obstáculos que enfrentan el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a fin de ejecutar sus respectivos mandatos”, expresaron.
El Meseni fue creado en junio, a iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con lo explicado en el informe que la CIDH presentó el 22 de junio al Consejo Permanente de la OEA, el mecanismo tiene, entre otros cometidos, el de monitorear el estado de las garantías fundamentales en el país.
“El presente informe orienta la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (MESENI), mismo que tiene el objeto dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones producidas en los informes elaborados en este contexto y a las medidas cautelares otorgadas en el contexto objeto de este documento, así como mantener el monitoreo de la situación de derechos humanos en el país”, explicó la CIDH en el texto de 91 páginas titulado “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”.
El documento fue elaborado luego de la visita que una misión de la CIDH llevó a cabo, del 17 al 21 de mayo, a Nicaragua, para verificar, en el terreno el estado de los derechos humanos en el país centroamericano.
Por su parte, el GIEI fue creado mediante acuerdo entre la OEA y el gobierno de Nicaragua, suscrito el 30 de mayo en la sede de la organización continental, en Washington.
Según lo indicado en el texto, el grupo tiene “la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Nicaragua” para la investigación de los hechos de violencia, y, entre otros cometidos, debe “analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, de conformidad con la legislación nicaragüense”.
El GIEI tiene plazo inicial de trabajo de seis meses, aunque el mandato es prorrogable según se considere necesario.
La designación de los cuatro integrantes del grupo correspondió al secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, a partir de propuestas formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El acuerdo de cuatro páginas fue firmado por Almagro, Moncada, y el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão.
Tanto el Meseni como el GIEI han denunciado que su labor es obstruida por el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, entre otras maneras, absteniéndose de proporcionarles la documentación oficial que requieren.
La administración de Ortega es altamente crítica de ambos mecanismos de la OEA, lo mismo que del equipo de trabajo de la Oacnudh.
En este caso, el presidente cuestionó severamente, en un acto público realizado el 29 de agosto, el informe que la Oacnudh dio a conocer, horas antes, sobre la crisis nicaragüense.
“Estos organismos, de Naciones Unidas en este caso, este organismo que tiene que ver los derechos humanos, no son más que unos instrumentos de la política de la muerte, el terror, la mentira, son infames”, aseguró, en la multitudinaria actividad conmemorativa del 51 aniversario de la batalla de Pancasán, un hito histórico en la exitosa lucha guerrillera contra la dictadura (1967-1979) del general Anastasio Somoza Debayle.
El informe titulado “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, documento que cubre el período desde el 18n de abril –fecha de inicio de la presente crisis- hasta el 18 de agosto, fue dado a conocer el 29 de agosto, en conferencia de prensa realizada en Managua, la capital nacional, el coordinador de Oficina Regional para América Central de la Oacnudh, Guillermo Fernández.
Entre las recomendaciones que incluyó en el documento de 47 páginas, la Oacnudh planteó, al gobierno nicaragüense, cesar toda represalia antiopositora.
Aseguró que es necesario “poner fin inmediato al acoso, intimidación, estigmatización, criminalización -incluido a través del uso de legislación anti-terrorista-, y cualquier otro tipo de represalias en relación con la participación en las protestas, incluidas contra los manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas y otros”.
Igualmente, el desmantelamiento y el desarme inmediatos de los grupos parapoliciales, y la protección de la población contra toda variante de violencia.
Asimismo, “detener todos los arrestos ilegales, y liberar a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente; asegurar que el derecho al debido proceso de todas las personas acusadas sea respetado y que cualquier acusación criminal contra ellas sea acorde con los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad individual”.
Horas después de conocido el informe de la Oacnudh, y antes de las declaraciones de Ortega, el gobierno nicaragüense hizo pública una declaración de 33 páginas en la que refutó el contenido del documento, entre otras razones, por considerar que se trata de un texto cuya redacción fue influenciada por sectores de oposición, lo que le resta objetividad.
Al día siguiente, el gobierno divulgó la breve nota mediante la cual Moncada comunicó, a la representante regional para América Central de la Oacnudh, Marlene Alejos, la decisión.
El gobierno terminó la invitación gubernamental, formulada 19 de junio, a la Oacnudh, a enviar un grupo de trabajo, y también declaró concluida la visita del equipo, de acuerdo con el texto fechado el 30 de agosto.
“Considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita a partir de hoy 30 de agosto de 2018”, según lo indicado en la nota de tres párrafos.
El canciller aludió así al hecho de que la invitación a la Oacnudh tenía el propósito de que la agencia especializada acompañase el desmantelamiento gubernamental de los “tranques” (bloqueos carreteros) instalados, a nivel nacional, como parte de la masiva protesta popular antigubernamental en el marco de la crisis nicaragüense.
En junio, el gobierno “giró al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito de que diera acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad creada en el marco del Diálogo Nacional, con el fin de asegurar el desmantelamiento de los tranques”, explicó.
La comisión fue establecida el 15 de junio, durante una de las escasas sesiones plenarias del diálogo, pero no desarrolló labores.
Estallada el 18 de abril, a raíz de un fracasado decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la presente crisis ha implicado una escalada de violencia policial y para policial contra extensos sectores de la sociedad civil que ahora exigen la renuncia del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos.
En algo más de cuatro meses, la convulsión sociopolítica ha cobrado cerca de 500 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de daños infraestructurales y económicos.
