George Rodríguez EP. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se apresta reunirse esta semana, en el marco del seguimiento que da a la violenta crisis sociopolítica que golpea hace más de tres meses a Nicaragua, para debatir un proyecto de resolución promovido por ocho de sus 35 países miembros, informó este martes el Departamento de Prensa de la entidad continental.
Se trata de una reunión extraordinaria programada para el 2 de agosto, en la sede de la OEA, en Washington,
La reunión fue convocada “con el objeto de dar seguimiento a la situación en la República de Nicaragua y considerar un proyecto de resolución a solicitud de las misiones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú”, indicó el departamento, en un escueto comunicado de tres párrafos, sin proporcionar detalles adicionales.
Sin embargo, el gobierno de Nicaragua emitió, la noche del lunes una protesta por la realización de la reunión para debatir, según indicó, un proyecto de declaración sobre la integración de una comisión especial sobre ese país centroamericano.
Al presentar su “más enérgica protesta por el Proyecto de Declaración del Consejo Permanente (…) presentado el día 30 de julio de 2018”, a iniciativa de esos ocho países, el embajador nicaragüense Luis Alvarado indicó que “el gobierno de Nicaragua no acepta la conformación de ninguna comisión especial del Consejo Permanente de la OEA para tratar sus asuntos internos”.
Se trata de una actitud maniobrera e injerencista, que se lleva a cabo sin la anuencia de Nicaragua, aseguró, en la carta de cuatro párrafos que dirigió, el 30 de julio, a la embajadora de Costa Rica en la OEA, Rita Hernández, quien actualmente desempeña la trimestral presidencia del consejo.
Por ello, el gobierno nicaragüense “rechaza enérgicamente y denuncia esta maniobra política e injerencista, que, sin el consentimiento de Nicaragua, se está tratando de llevar al plenario del Consejo Permanente (…) en un acto de injerencia en los asuntos internos de nuestro Estado y de violación a nuestra soberanía nacional lo cual rechazamos”, escribió Alvarado.
En tal contexto, la administración del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, desconoce las actividades que ese organismo realice, sin su anuencia, para abordar tales temas, de esa índole, aseguró el diplomático.
De modo que Nicaragua “desconoce todas las reuniones del Consejo Permanente que se realicen sin la anuencia de nuestro Gobierno”, precisó.
La reunión está convocada para llevarse a cabo dos semanas después de que el organismo de la entidad continental aprobó, con el voto de 21 de sus países miembros, una resolución de condena a la represión y las violaciones a los derechos humanos enmarcadas en la presente crisis sociopolítica que tiene lugar en Nicaragua.
Casi dos tercios de las 35 naciones miembros de la organización continental apoyaron, en la sesión extraordinaria realizada el 18 de julio, la resolución titulada “La Situación en Nicaragua” que, además, expresó preocupación por esa situación.
El texto de ocho puntos incluyó, asimismo, la exhortación, a gobierno y oposición por igual, a participar sinceramente en el Diálogo Nacional –actualmente suspendido- como mecanismo para dar solución pacífica a la crisis estallada hace tres meses.
También planteó la necesidad de identificar a los responsable de esos hechos, así como lograr el fortalecimiento democrático.
El consejo condenó, igualmente, el hostigamiento y las agresiones contra el clero –incluidos los obispos quienes participan en el Diálogo Nacional-, y los ataques armados contra la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), estudiantes, y personas participantes en manifestaciones opositoras pacíficas.
El organismo también llamó al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, a que no desestime ninguna alternativa en aras de lograr la pacificación de la sociedad nicaragüense y del fortalecimiento de la democracia en ese país centroamericano.
La resolución –promovida inicialmente por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, y Perú, países a los que se unieron Brasil y México- obtuvo 21 votos favorables y tres en contra, mientras siete países se abstuvieron y tres estuvieron ausentes.
También por abrumadora mayoría, el consejo rechazó, ese día, un proytecro de resolución promovido por Nicaragua.
Titulado “Restitución de la Paz en Nicaragua”, la iniciativa, presentada por el canciller de ese país, Denis Moncada, incluía referencias a que la violencia que viene afectando a ese país constituye “evidencia de un plan terrorista para “dar un golpe de Estado”, y agregó que, frente a ello, se registran los “ingentes esfuerzos realizadops por el gobuierno de Nicaragua” por contrarrestarlo.
El proyecto de resolución ptresentado por Nicaragua fue rechazado por 20 países, mientras solamente tres votaron a favor, ocho optaron por abstenerse, y tres estuvieron ausentes.
La violenta crisis sociopolítica nicaragüense, que estalló el 18 de abril –a raíz de fracasadas reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)-, ha cobrado casi 500 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, y causado fuerte daño económico.
Retirado el decreto, la masiva exigencia de la población pasó a enfocarse en la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos, a lo cual la pareja gubernamental ha respondido con represión policial y parapolicial antiopositora.
