George Rodríguez EP. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, advirtió este jueves que, si el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, persiste en cometer crímenes de lesa humanidad, solicitará la detención y el juzgamiento de los responsables.
“De continuarse cometiendo crímenes de lesa humanidad, pediremos a los estados miembros de la OEA y de otros organismos, que los funcionarios implicados sean detenidos y juzgados por dichos crímenes”, planteó Almagro, un ex canciller uruguayo.
Entre las acciones previsibles para hallar solución a la violenta crisis sociopolítica que hace algo más de ocho meses afecta a Nicaragua, figura la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, precisó Almagro, al participar en la Sesión Especial del Consejo Permanente de la OEA, reunión convocada para abordar la situación nicaragüense.
Ese instrumento prevé sanciones, incluida la suspensión, contra los países miembros de la organización en los cuales se quiebre el orden democrático.
Almagro se refirió, además, en términos fuertes, al régimen de Ortega, así como al mandatario.
El funcionario llamó a Ortega a no escudase detrás de lo que describió como un discurso infantil, para justificar los crímenes que su régimen está cometiendo, y agregó que es lamentable que un ex comandante revolucionario haya optado por el autoritarismo.
“Es una lástima que uno de los últimos revolucionarios del siglo haya elegido el camino del autoritarismo y la violación de los derechos humanos”, planteó el funcionario, quien exhortó a Ortega y sus colaboradores a que “asuman su responsabilidad, sean dignos, no pierdan la dignidad revolucionaria que una vez tuvieron. No se escuden en discursos infantiles para justificar los crímenes”.
Nicaragua está regida por una dictadura, aseguró Almagro, quien planteó que ese no puede ser el destino del país centroamericano.
El gobernante “ha tirado al país a la dictadura”, expresó el jerarca de la OEA, en cuya opinión, “el futuro de Nicaragua no puede ser con un Ortega dictador” sino que “ojalá fuera con un Ortega democrático”.
Por su parte, al presentar el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), sobre Nicaragua, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la panameña Esmeralda Arosemena, señaló el precario estado de las garantías fundamentales en ese país.
Arosemena subrayó “el grave deterioro sobre la situación de los derechos humanos y el recrudecimiento, intimidar y criminalizar las voces opositoras al gobierno, a organismos de derechos humanos y medios de comunicación independientes en el país”.
También advirtió que la CIDH mantendrá el acompañamiento a la población nicaragüense, no obstante el hecho de que la cancillería de Nicaragua expulsó, el 19 de diciembre, al Giei y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) –los dos equipos de trabajo de la comisión en ese país-.
Simultáneamente, el ministerio decidió suspender las visitas de la CIDH a Nicaragua.
“La población nicaragüense no está sola. Continuará el acompañamiento a sus denuncias y su legítimo derecho a un estado de derecho y convivencia pacífica, para el goce de todos los derechos humanos”, aseguró Arosemena, al presentar, al Consejo permanente, el documento que el Giei tituló “NICARAGUA Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018”, cuyo contenido incluye la denuncia de comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país.
El informe fue dado a conocer el 21 de diciembre, en Washington, por los cuatro integrantes del Giei, quienes, dos días después de su expulsión de Nicaragua.
Arosemena denunció, además, que, “en Nicaragua, la falta de independencia en el Poder Judicial se usa para la judicialización de las voces críticas y de oposición al gobierno”.
La vicepresidenta de la CIDH planteó, asimismo, la necesidad de enérgica acción internacional ante la dramática situación nicaragüense.
“Se impone un llamado, a la comunidad internacional, a actuar del modo más enérgico, en especial en los países de nuestra región”, subrayó.
En ese sentido, una vez presentado el informe del Giei, representantes de varios países plantearon la necesidad de que se aplique, a Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana.
Entre los promotores dela aplicación de la carta, en el caso de Nicaragua, el embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, justificó el planteamiento al señalar que “las amenazas del gobierno, a los opositores y la CIDH, son vergonzosos, y mi país condena las acciones cometidas por los matones de Daniel Ortega”.
En materia de acción de la comunidad internacional, el representante alterno de Costa Rica en la OEA, Antonio Alarcón, al reafirmar la vocación costarricense por la paz, formuló un llamado a la unión de esfuerzos multilaterales, entre otros objetivos, para promover la normalización institucional en Nicaragua.
Asimismo, mencionó “los componentes y de los elementos esenciales de la democracia representativa, reconocidos en la Carta Democrática Interamericana, como son el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.
En marcado contraste, el representante de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado, reafirmó el discurso del régimen de Ortega en cuanto al injerencismo de la OEA y de Estados Unidos en ese país.
“Rechazamos y condenamos esta nueva maniobra injerencista”, de parte de la OEA, aseguró Alvarado, quien agregó que “el gobierno de los Estados Unidos debe poner fin a su política injerencista y desestabilizadora contra el gobierno de Nicaragua”.
La sesión del Consejo Permanente, presidida por Costa Rica, fue convocada –a solicitud de Canadá, en nombre del Grupo de Trabajo para Nicaragua- “para considerar la situación en Nicaragua”, de acuerdo con lo informado, por la OEA, en su sitio en Internet.
El grupo de trabajo –integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú- fue constituido, el 2 de agosto, por el Consejo Permanente, para, entre otros objetivos, ayudar en la búsqueda de solución a la crisis nicaragüense.
La dramática situación, que estalló el 18 de abril, ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-.
