Ely Padra | EP. Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló que los inmigrantes podrían mejorar su contribución a la economía de Costa Rica con el impulso de políticas que fomenten una mayor integración de los trabajadores.
“Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de Costa Rica”, es el informe que fue presentado este lunes y que además contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
El estudio indica que esta población participa más en el mercado laboral, tienen una tasa más alta de empleo y tienen más probabilidades de ser trabajadores asalariados que los nacidos en el país, sin embargo, enfrentan otras dificultades.
Esta población también se enfrenta a varios desafíos como salarios más bajos, horarios de trabajo más largos y tienen más probabilidades de estar sobrecalificados para sus trabajos.
En este sentido, detalla que el ingreso laboral de la población nacida en el extranjero es un 15 % inferior al de los costarricenses.
El análisis también sugiere que la inmigración puede reducir las oportunidades de empleo de los trabajadores nativos a través de una mayor competencia, pero no afecta sus salarios.
Además, los inmigrantes en Costa Rica son más propensos a trabajar en ocupaciones elementales y tienen, en promedio, un nivel de educación más bajo que los locales.
Datos del estudio estiman que los trabajadores inmigrantes contribuyen entre el 11 y el 12 % del Producto Interno Bruto de Costa Rica.
El informe también propone varias acciones para mejorar las políticas existentes y potenciar aún más la contribución económica de los inmigrantes, como asegurar las condiciones necesarias para que tanto inmigrantes como locales, puedan buscar oportunidades de empleo.
Así como abordar las necesidades de las personas posiblemente afectadas por la inmigración y considerar un mecanismo para capacitar a los trabajadores que no dañe a los inmigrantes.
Fortalecer la implementación de las políticas educativas existentes y recopilar y analizar sistemáticamente datos sobre la migración, para informar a los responsables de las políticas sobre el progreso y supervisar las brechas en la integración.
La investigación recomienda que se deben reforzar los derechos de los inmigrantes, garantizar el acceso de facto a los servicios públicos, proteger los derechos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro para todos los trabajadores, especialmente aquellos en empleos vulnerables.
