Nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua presenta credenciales a Ortega

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George Rodríguez EP. El nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, presentó credenciales al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, informaron, este miércoles, medios de comunicación nicaragüenses.

El rápido encuentro se enmarcó, la noche del martes, en la presentación colectiva de credenciales por parte de Sullivan y otros 10 embajadores, actividad durante la cual Ortega, acompañado por su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, se dirigió, brevemente, a los diplomáticos, y habló de paz.

Los embajadores, algunos de los cuales llegaron en 2016, otros en 2017, y varios más este año, habían presentado, al canciller nicaragüense, Denis Moncada, copias de sus respectivas credenciales, de modo que estaban oficialmente acreditados.

“Desde el momento que ustedes presentan cartas de estilo al canciller ya están en plenas funciones y los que presentaron cartas de estilo en el año 2016, 2017, seguramente ya nos hemos encontrado y ya han recorrido bastante nuestro país”, dijo Ortega, al dirigirse a los diplomáticos, en el marco de la actividad llevada a cabo en la Casa de los Pueblos.

El mandatario señaló que, quienes llegaron los dos años anteriores conocen lo que describió como la lucha por la paz en ese país centroamericano.

“Han conocido, creo que, la vida en Nicaragua, lo que es el trabajo en Nicaragua y lo que es la lucha por la paz en Nicaragua, que es un objetivo común que tenemos todos, todos los pueblos del mundo, todas las naciones independientemente de ideología. Todos estamos comprometidos con la paz, así que bienvenido en nombre de la paz”, afirmó.

En el caso de Sullivan, el diplomático llego el 14 de noviembre, a Nicaragua, fecha en la cual presentó, a Moncada, la copia de sus credenciales.

Luego de la ceremonia, Ortega dialogó brevemente con Sullivan, a quien saludó, al igual que a María Ángeles Quinto, la esposa del embajador.

Además de Sullivan, presentaron credenciales, a Ortega, los embajadores María del Mar Fernández (España), Juan Carlos Hernández Padrón (Cuba), José Percy Paredes (Bolivia), María Belén Moncayo (Ecuador), Marisol Pérez (Chile), Jaime Regalado Rivas (Guatemala), Young Sam Choi (Corea del Sur), Yasuhisa Suzuki (Japón), Luís Cláudio Villafañe (Brasil), Jaime Wu (Taiwán).

Sullivan presentó credenciales, a Ortega, ocho días después de que el proyecto de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción para Nicaragua de 2018 (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018) recibió, el 11 de diciembre, aprobación unánime en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y ahora pasa a firma presidencial, para quedar en vigencia.

La iniciativa fue aprobada, también unánimemente, el 28 de noviembre, por el Senado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, cuenta con 10 días, a partir del voto favorable de los representantes, para firmar el texto.

La ley resultó de la fusión de los proyectos S. 2265 -Ley de Condicionalidad de Inversiones Nicaragüenses (Nicaraguan Investment Conditionality Act), más conocida como NICA ACT, y S. 3233 -Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de 2018 en Nicaragua (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018)-, en calidad de enmienda.

Los componentes clave de la nueva legislación incluyen respaldo para una solución negociada a la violenta crisis sociopolítica nicaragüense estallada hace más de siete meses, lo que implica el compromiso para adelantar las próximas elecciones -originalmente programadas para 2021-.

También comprenden la aplicación de sanciones selectivas a jerarcas gubernamentales a quienes se señale como responsables, entre otros hechos, de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.

Además, apuntan a lograr restricciones en materia de créditos para el gobierno de Ortega por parte de instituciones financieras internacionales, exceptuando financiamiento para proyectos de promoción de la democracia y de índole social, de acuerdo con la información oficial.

La legislación, ahora a la espera de la inminente firma presidencial, se enmarca en la violenta crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar, en perjuicio de sus afiliados, el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Retirado el decreto, la creciente protesta generada por ese texto pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.

La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones y otras expresiones opositoras ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.

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