Nicaragüenses se movilizan en Washington en busca de apoyo continental contra régimen Ortega-Murillo

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George Rodríguez EP. Decenas de ciudadanos nicaragüenses -lo mismo exiliados que radicados en Estados Unidos-, están movilizándose en Washington, en procura de que los países miembros de la Organización de los Estados Americano (OEA) apoyen la aplicación de sanciones al régimen que gobierna en Nicaragua, informaron, la mañana de este miércoles, medios de comunicación del país centroamericano.

Mediante plantones que desde el martes llevan a cabo frente a las respectivas representaciones diplomáticas de esos países, los nicaragüenses opositores al régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, realizan plantones para, a continuación, entregar una carta de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) que contiene la solicitud de apoyo, de acuerdo con las versiones periodísticas.

Entre otros planteamientos, la UNAB solicita en el texto, puntualmente, el apoyo de los países de la OEA a que se aplique, a Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana, indicaron los medios.

Los plantones comenzaron a llevarse a cabo con miras a la realización de la sesión extraordinaria que el Consejo Permanente de la OEA tiene programado realizar el 11 de enero, en la sede de la organización continental en Washington, fecha para la cual está prevista, simultáneamente, la realización de igual actividad, frente a las instalaciones de la entidad, de acuerdo con las mismas versiones.

Durante las movilizaciones llevadas a cabo el martes, los opositores visitaron las sedes diplomáticas de Guatemala, México, y Trinidad y Tobago, indicaron.

“Estamos logrando una buena incidencia e invitaremos a los demás estados a que se sumen a esta iniciativa de peticiones para que la votación en la OEA sea a favor del respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses y de la reconstrucción de la democracia”, dijo Jean Carlos López, integrante de la UNAB y del Movimiento 19 de Abril.

López, uno de los aproximadamente cincuenta participantes en las visitas a las sedes diplomáticas, señalo que, al solicitar la aplicación de la Carta Democrática, procuran que se genere presión sobre el régimen nicaragüense.

“Para nosotros la aplicación de la Carta es una paso más para hacerle presión al Gobierno, para que se busque una solución pacífica a través del diálogo, para abrir camino a la ruta de la democracia”, por lo que se procura, con los plantones, que los países de la OEA “den su voto a favor para la aplicación de la Carta Democrática, luego de que se evalúe la situación y se cite a otra sesión después de la del viernes”, agregó.

En la carta de dos páginas dirigida a los gobiernos americanos, la UNAB describe la dramática situación nicaragüense enmarcada en la violenta crisis sociopolítica estallada hace más de ocho meses, y plantea la ausencia de respeto a los derechos humanos, por parte del régimen.

“El Estado de Derecho no existe en Nicaragua, los derecho humanos y las libertades fundamentales no se reconocen (…) irrespetándose tanto los derechos políticos como los sociales con un régimen que restringe y persigue la libertad de expresión y de prensa”, indica.

Ese país centroamericano es regido por un estado policial que ejerce el terrorismo e impide la vigencia de la democracia representativa, señala la UNAB.

“El terrorismo de Estado impuesto mediante la consolidación de un estado policial altamente represivo se ha traducido en la suspensión de facto de las garantías constitucionales y en el incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derecho humanos y Democracia impidiendo el ejercicio efectivo de la democracia representativa por parte de sus ciudadanos”, denuncia, en el documento.

La sesión del Consejo Permanente fue solicitada, a la presidencia del organismo –actualmente ejercida por El Salvador-, por el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, pedido formalizado un día después de que el consejo abordó la situación nicaragüense.

Durante esa Sesión Especial, llevada a cabo el 27 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó, al consejo, el documento que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) titulado “NICARAGUA Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018” -cuyo contenido incluye la denuncia de comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país, en el marco de la violenta crisis-.

El Giei y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) son los dos equipos de trabajo con los cuales contaba la CIDH, en el país, pero fueron expulsados, el 19 de diciembre, por la cancillería nicaragüense, la que, simultáneamente,  decidió suspender las visitas de la CIDH, ese país.

La dramática situación estalló el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), modificaciones que eran perjudiciales para el sistema y sus afiliados.

El retiro, días después, del impopular decreto, determinó que la masiva protesta popular en desarrollo se enfocase en la actual exigencia de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos, pero la respuesta del régimen ha consistido en intensificar la represión, acciones que han cobrado centenares de vidas, y generado miles de heridos, detenidos y desaparecidos.

La crisis también ha causado daño considerable a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de ciento de miles de empleos.

Asimismo, ha determinado que, a causa de las sostenidas violaciones a los derechos humanos, miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

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