George Rodríguez EP. La solución a la violenta crisis sociopolítica que hace nueve meses golpea a Nicaragua no pasa por la vía ramada sino que es de unidad y de paz, expresaron, este domingo, durante una marcha en la capital de Costa Rica, centenares de nicaragüenses radicados o exiliados en territorio costarricense.
La Marcha por la Unidad de los Nicaragüenses en el Exilio, llevada a cabo en San José, apuntó a establecer que el exilio político nicaragüense –lo mismo en Costa Rica que en otros países, a nivel mundial- no es partidario de una solución belicista a la dramática situación que registra su país de origen, explicaron a El Periódicocr, organizadores y participantes en la caminata.
También plantearon que la solución armada, a la crisis, es la opción a la que apuesta el régimen del presidente Daniel Ortega, lo que está demostrado por la fuerte represión policial y parapolicial con la cual el mandatario ha enfrentado la generalizada y creciente oposición en ese país centroamericano, acciones que han cobrado centenares de vidas.
En ese sentido, subrayaron que los choques entre grupos armados y efectivos policiales y militares, la semana pasada, en sectores del sureño departamento (provincia) de Río San Juan –limítrofe con Costa Rica- no fueron más que montajes, por parte del régimen, para aducir que la oposición ha optado por la guerra como vía de solución a la crisis.
“Nosotros, estamos unidos, el día de hoy, con 64 organizaciones, que estamos aquí, en el exilio, para marchar por la unidad, primeramente, segundo, para exigir la libertad de nuestros presos políticos –más de mil presos políticos-, para pedir justicia por los más de seiscientos asesinados que tenemos en Nicaragua, y, también, por pedir la libertad de nuestro país”, explicó el médico exiliado Gerald López, dirigente de la Unión de Nicaragüenses en el Exilio por una Nicaragua Mejor (Unepunm), agrupación organizadora de la marcha.
Mediante la actividad, se logró la participación de sectores cuyos enfoques de salida a la crisis son diversos, indicó.
“Es la primer vez que se unen todos los grupos, las organizaciones, para poder hacer esta gran marcha”, señaló, para agregar que “hay campesinos, hay organizaciones que opinan de que hay que tomar las armas, hay grupos de que opinan que hay que sentarse a dialogar con el presidente actual –que es un dictador-, otros grupos que piensan de diferentes maneras”, dijo.
Sin embargo, la mayoría es contraria a la solución armada, aclaró.
“No queremos guerra”, dijo, para enfatizar, a continuación, que “Nicaragua, hoy por hoy, no quiere guerra, Nicaragua, hoy por hoy, quiere paz”.
En ese sentido cuestionó la erradicada de la versión oficial respecto a los choques armados que han tenido lugar en Río San Juan.
De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional, mediante comunicados, respecto a los dos incidentes conocidos la semana pasada, los enfrentamientos ocurrieron entre agentes de esa fuerza de seguridad e integrantes de una banda dedicada a delitos tales como abigeato, asesinato, narcotráfico.
Según la versión policial, el grupo delictivo, que tiene base en territorio costarricense próximo al límite terrestre binacional de 309 kilómetros, cruza la frontera, para cometer delitos en territorio nicaragüense, y regresa a su base.
La versión fue desmentida por el director de la Policía de Fronteras de Costa Rica, el comisionado Allan Obando, quien aclaró que la fuerza de seguridad a su cargo mantiene permanente vigilancia sobre el límite, y que, en territorio costarricense, no se ha asentado ningún grupo que lleve a cabo acciones armadas en Nicaragua.
Al referirse a la versión oficial nicaragüense sobre esos incidentes, López dijo que “nosotros, los nicaragüenses, sabemos, muy bien, que ese es un autoataque (…) sabemos de que el mismo gobierno mandó matar los policías”, para evitar que la Organización de los Estados Americanos (OEA), aplique, al régimen de Ortega, la Carta Democrática Interamericana.
Ese instrumento prevé, como sanción extrema, la suspensión, del Sistema Interamericano, de cualquier país integrante de la OEA cuyo orden constitucional sea alterado, lo que, de acuerdo con el secretario general de la organización, el uruguayo Luis Almagro, y la mayoría de países miembros del bloque continental, ha ocurrido en Nicaragua.
Por su parte, José Adrián Ortiz Pérez, dirigente de la organización opositora en el exilio Nicas Azul y Blanco en Costa Rica, destacó el componente de unidad con el que fue organizada la marcha, y destacó que participaron “todos los grupos, residentes y refugiados, en Costa Rica”, porque “sólo la unidad hace la fuerza” para vencer al régimen orteguista.
La actividad demostró que los nicaragüenses no dejarán de esforzarse por lograr que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, dejen el poder, aseguró Ortiz, en declaraciones por separado.
“No dejaremos de luchar, jamás, hasta lograr la victoria, porque nosotros, no queremos, en Nicaragua, un gobierno asesino, queremos un gobierno democrático, donde todos tengamos derecho de decir lo que queremos, y de manifestar lo que sentimos”, subrayó.
El dirigente de la diáspora nicaragüense en Costa Rica señaló que la caminata se llevó a cabo, asimismo, para expresar, desde el exterior, solidaridad con los presos políticos en el país centroamericano.
“Ya que en Nicaragua no se puede luchar, lo haremos desde el extranjero, para decirles, a los reos políticos, que no están solos, que, los que estamos en el exilio, estamos presentes, luchando por ellos”, subrayó Ortiz.
También subrayó la convicción de que la solución a la crisis nicaragüense debe lograrse por la vía de la paz.
“Nosotros no queremos la violencia”, aseguró Ortiz, quien señaló que, “si ellos son asesinos, nosotros no”, y reafirmó que, “hasta las últimas consecuencias, queremos que no haya violencia”.
En ese sentido, respecto a las informaciones sobre las acciones de grupos armados en el sur nicaragüense, Ortiz, coincidentemente con López, desestimó el discurso oficial.
“Se habla de esos grupos armados”, pero “creo que es una artimaña del orteguismo”, dijo.
Según Ortiz, en el caso del segundo incidente, con saldo de cuatro agentes policiales fallecidos, se trató de un ajusticiamiento contra agentes quienes se negaron a cumplir órdenes que implicaban la violación de derechos humanos.
“Ortega está mandando asesinar al funcionario que dice que va a renunciar, al policía que no se apunta a ir a hacer un allanamiento de una familia inocente, entonces, los manda asesinar”, aseguró.
La mayoría de los centenares de participantes en la marcha portaron banderas nicaragüenses, además de que numerosos caminantes portaron pancartas y mantas que evidenciaron el apoyo de habitantes de diversos sectores de Nicaragua y su oposición al régimen.
Además de la históricamente tradicional “el pueblo, unido, jamás será vencido!”, los manifestantes corearon consignas alusivas a la pareja gobernante, tales como “de que se van, se van!”, “y, si no se van? Los sacamos!”.
A causa de las fuertes críticas de Ortega a los integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) –cinco de cuyos obispos mediaron en el frustrado diálogo nacional realizado en mayo y junio del año pasado, se oyó expresiones de apoyo a la Iglesia de ese país.
“Viva la Iglesia católica!”, expresaron los manifestantes, quienes también corearon “viva monseñor Báez!”, en alusión al obispo Silvio Báez, uno de los más fuertes críticos del gobierno, entre los 10 integrantes de la CEN.
Estallada el 18 de abril, la dramática situación ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión policial y parapolicial antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-, la que está actualmente centrándose en periodistas y medios de comunicación independientes lo mismo que en organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.